Tras la detención de Ernesto Ruffo Appel, López Rabadán cuestiona jueza y pide indagar a autoridades; Bravo Mena habla de “chivo expiatorio”.
La detención de Ernesto Ruffo Appel encendió una guerra de narrativas: el PAN cerró filas y, en lugar de centrarse en el señalamiento penal, colocó el caso en el terreno de la persecución política. Sus dirigentes lo calificaron como “preso político” y advirtieron que detrás de la detención existiría un intento de desviar el debate sobre supuestas responsabilidades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, fue directa al marcar el tono: describió a Ruffo como una víctima de una “afrenta a la democracia” y sostuvo que es “inaceptable” que permanezca encarcelado. En su argumento, el encarcelamiento se ejecutaría mientras, según dijo, existe una red de autoridades involucradas en el trasiego ilícito de combustibles. Desde esa premisa, López Rabadán calificó el episodio como una “cortina de humo” y elevó el foco hacia el procedimiento.
La panista también lanzó dudas sobre la imparcialidad judicial. Vinculó su cuestionamiento con el hecho de que la jueza que atiende el proceso sería electa en la elección judicial de 2025, y afirmó que el camino para llegar a ese cargo habría sido posible por la intervención de “acordeones”. Con esa línea, su mensaje no se limitó a la etiqueta política: puso en entredicho el desarrollo del proceso, exigiendo que el país combata el narcotráfico y el contrabando de combustible investigando a quienes hoy ocupan cargos públicos, en lugar de encarcelar, dijo, a un opositor “como si” la pertenencia partidista lo volviera inmune o, al mismo tiempo, lo inhabilitara para ser responsable.
El respaldo partidista continuó por otro carril con Luis Felipe Bravo Mena, exdirigente nacional del PAN. Allí, el lenguaje cambió de la democracia a la estrategia política: describió a Ruffo como “un hombre bueno” y sostuvo que está siendo usado como “chivo expiatorio”. En su lectura, el objetivo sería desviar la atención de la situación política de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Bravo Mena agregó un elemento personal para reforzar su postura: dijo conocer a Ruffo desde hace cuatro décadas y afirmó que no cree que haya participado en actividades ilícitas. A partir de esa afirmación, demandó un juicio justo y criticó la forma en que, según él, se conduce el caso. En su discurso apareció un concepto de alto impacto: acusó que el proceso estaría guiado por un “Poder Judicial faccioso”.
Mientras los dirigentes del PAN construían la tesis de la persecución, la base del señalamiento penal ya estaba puesta sobre la mesa. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Ruffo Appel por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. El señalamiento, se dijo, vincula el caso con una investigación sobre el llamado “huachicol fiscal”. En esa narrativa oficial, la indagatoria conecta a la empresa Ingemar, de la cual el panista sería accionista mayoritario, con la importación ilegal de combustible desde Estados Unidos.
La dimensión que más tensiona el debate es la presunta mecánica descrita por las investigaciones: se trataría de esquemas que ocasionaron un “millonario daño al erario”. Además, la Fiscalía sostuvo que su indagatoria se respalda con cruces de información del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias, así como con múltiples pruebas obtenidas durante más de un año de investigación.
En ese punto el conflicto adquiere su cara más crítica: el PAN asegura que el encierro responde a una estrategia política; la acusación penal, en cambio, describe una investigación sostenida por múltiples fuentes y más de un año de trabajo. Entre ambas versiones, el caso se convierte en un choque por el significado del proceso: si se trata de una “afrenta a la democracia” o del curso de una indagatoria que, según la Fiscalía, apunta a una red relacionada con el contrabando y sus daños al erario.
Al cierre, el PAN no solo defendió a Ruffo: intentó fijar el marco del caso. Y en ese marco, la pregunta que queda flotando es la misma que impulsó cada frase: si el país debe enfocarse, como sostienen, en la persecución a opositores o, como sostiene la investigación oficial, en una red de operaciones que —según se afirma— ya había sido documentada durante más de un año.