La presidenta habló tras el fallo contra Ismael “El Mayo” Zambada y aseguró que su gobierno busca disuadir a jóvenes.
La discusión sobre la cadena perpetua para Ismael El Mayo Zambada dejó una escena en la que Claudia Sheinbaum prefirió mover el foco. Al declinar pronunciarse sobre el castigo a este narcotraficante, la presidenta federal llevó la conversación a otro terreno: el de la prevención y las “causas” que, dijo, se atienden en su gobierno para impedir que las y los jóvenes terminen ligados a grupos criminales.
En su mensaje, Sheinbaum no trató el veredicto como el centro del debate. En cambio, formuló un argumento sobre el efecto que, sostuvo, tiene la cercanía con el crimen organizado. Dijo que acercarse a un grupo delincuencial implica, en su lectura, entrar a una ruta marcada por penurias, con consecuencias que, según describió, desembocan en maltrato y en ausencia de expectativas.
El planteamiento funcionó como respuesta indirecta: mientras el fallo y sus implicaciones absorbían la atención pública, la presidenta afirmó que la prioridad de su administración es disuadir. Y lo hizo con una advertencia que buscó calar en el público: no se trataría de “recompensas”, sino de un escenario donde —según su postura— solo habría degradación y cero esperanza.
El tema se volvió aún más sensible cuando surgió la pregunta por un aspecto económico: la posibilidad de que México reclame parte de los 15 mil millones de pesos que se impusieron como multa al narcotraficante. Sheinbaum no dio un veredicto político sobre el reclamo. Su respuesta se concentró en la ruta institucional: indicó que impulsaría a la Fiscalía General de la República para definir las acciones a seguir, remarcando que “normalmente se hace”, aunque dejó claro que dependería de la gestión correspondiente en su caso.
La escena informativa añadió otro ángulo cuando se abordó el señalamiento de Estados Unidos: hasta el momento, dijo, no ha habido información para México sobre la posible participación de agentes del FBI en el secuestro y el traslado de Zambada a Texas. La presidenta tampoco se extendió en detalles documentales, pero cerró el tema con una observación que buscó apoyar su interpretación: planteó que sería “obvio”, porque —según mencionó— muestran un avión como parte de un operativo, comparándolo con una exhibición pública.
Para reforzar el sentido de esa “obviedad”, Sheinbaum vinculó la operación con sus consecuencias internas. Recordó que el traslado del narcotraficante dejó un conflicto dentro del grupo delincuencial y que, a partir de esa fractura, se produjeron efectos en Sinaloa. Con esa referencia, el mensaje no se quedó en lo abstracto: aludió a que una maniobra de alto impacto no solo reordena el mapa criminal, sino que también empuja tensiones hacia territorios y estructuras regionales.
En conjunto, el desempeño de Sheinbaum ante el tema de Zambada tuvo un patrón claro: al evitar una postura directa sobre la cadena perpetua, la presidenta reorientó el debate hacia la prevención social, la coordinación con la fiscalía en temas de recuperación de recursos y la lectura política de las operaciones de actores extranjeros. El caso, en su narrativa, no es solo sentencia: es también un pretexto para insistir en que su gobierno, dijo, ataca el origen del reclutamiento.