En una mañanera mexiquense, Sheinbaum y Delfina Gómez sostuvieron la caída de homicidios dolosos y aseguramientos masivos.
Junio de 2026 quedó marcado por un contraste que exige atención inmediata: en el Estado de México, los homicidios dolosos cayeron 56%. La cifra no se presentó como un brindis por la mejoría, sino como evidencia de una estrategia construida desde la coordinación. Y en ese mismo corte temporal, la Presidenta Claudia Sheinbaum colocó otro dato para reforzar el golpe: junio de 2026 habría sido el mes con menor incidencia de homicidios dolosos en el país en los últimos 19 años.
El mensaje de fondo se apoyó en un recorrido numérico que cambió el ritmo del discurso. Donde en septiembre de 2024 el promedio diario rondaba 6.6 asesinatos, para junio de 2026 el registro se ubicó en 2.8. No es solo una reducción: es un descenso que, según lo dicho en la conferencia, transforma la forma en que se está conteniendo la violencia en la entidad.
En el orden de la exposición, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, fue quien aterrizó la variación con el porcentaje. Ese detalle funcionó como “prueba de escritorio” dentro del relato oficial: una caída sostenida que, de acuerdo con su intervención, demuestra que el plan no se queda en anuncios, sino que se traduce en resultados.
Luego, el enfoque se trasladó hacia el mecanismo: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno se concentró en 15 municipios prioritarios del oriente mexiquense. Allí, el argumento se apoyó en cifras de detenciones y decomisos. En ese marco, se informó sobre la detención de 3 mil 330 integrantes de grupos delictivos; además, se mencionó el aseguramiento de 819 armas de fuego y 28 mil cartuchos.
Pero si hay un punto que elevó la tensión informativa, fue el apartado de operación selectiva: la Operación Enjambre. El gobierno sostuvo que mediante esta línea fueron capturados 60 servidores y exservidores públicos presuntamente ligados con organizaciones criminales o que habrían brindado protección. Ese elemento introduce una fricción directa contra el crimen, pero también contra lo que se percibe como infiltración: no solo se detiene a operadores, también se apunta a quienes, desde adentro del aparato público, habrían facilitado el daño.
El reporte no terminó en las detenciones. Se detalló que ya se obtuvieron 16 sentencias condenatorias contra 22 exfuncionarios, como resultado de las investigaciones vinculadas a esa operación. Con ello, la narrativa dejó de hablar únicamente de capturas y empezó a hablar de consecuencias judiciales, buscando mostrar que el trabajo no se diluye en el arresto.
El siguiente bloque argumental combinó inteligencia, investigación y coordinación como tres engranes. Harfuch afirmó que el fortalecimiento de esas labores permitió reducir 40% los delitos de alto impacto. Y añadió una línea de presión adicional: el combate a la extorsión y el aseguramiento de inmuebles utilizados por grupos criminales. Aquí la urgencia se siente en el tipo de delito que se menciona: no se trata solo de sumar números, sino de atacar conductas que afectan de manera directa el día a día de las personas.
Para sostener la idea de precisión territorial, el plan se explicó anclado en municipios específicos. La lista mencionada incluyó Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Texcoco. No fue un listado decorativo: se usó como mapa del “dónde” y como señal de que la estrategia no sería genérica.
Como ejemplo adicional, la Presidenta Sheinbaum llevó la discusión a otro indicador: robo de vehículo con violencia. En la región referida, dijo, el delito pasó de 79 casos diarios en julio de 2025 a 39.1 en junio de 2026. De nuevo, el contraste numérico funciona como cierre analítico: si la violencia letal baja y el robo con violencia también cae, el gobierno presenta una lectura de “sistema” y no de eventos aislados.
El cierre del mensaje, sin embargo, dejó una última capa política: el vínculo directo entre el Gobierno de México y la administración encabezada por Delfina Gómez. Con ese encuadre, la caída se presentó como resultado de coordinación sostenida para “fortalecer la seguridad de las familias mexiquenses”. Y aunque la cifra de homicidios dolosos es el dato estrella, el conjunto de detenciones, aseguramientos, Operación Enjambre y reducción de delitos de alto impacto arma una explicación completa: una estrategia que, según el relato oficial, actúa al mismo tiempo en inteligencia, persecución y consecuencias.
En suma, el evento dejó una conclusión contundente para la narrativa gubernamental: los números no solo bajan; cambian de forma visible en un periodo acotado, y el discurso intenta demostrar que la coordinación y la operación en puntos prioritarios están produciendo resultados que se reflejan en homicidios y otros delitos.