Cuatro permisos vigentes permiten gasolina, diésel y turbosina; la FGR indaga operaciones y volúmenes declarados, mientras el proceso continúa.
Lo que parecía una señal clara de cierre administrativo se convirtió en un giro judicial: la empresa Ingemar mantiene cuatro permisos vigentes para importar hidrocarburos, pese a que dos expiraban en diciembre de 2024. La razón, según la información pública referida por la Secretaría de Energía y retomada en medios, no es un ajuste técnico ni una nueva autorización “a mano”, sino el efecto directo de litigios de amparo tras un proceso que tardó cuatro años.
Ese amparo, en la reconstrucción del expediente, operó como una muralla legal. Aunque el calendario marcaba vencimientos, la protección judicial obligó a las autoridades a conservar la autorización. Así, Ingemar conserva la puerta abierta para importar combustibles como gasolina, diésel y turbosina, con un volumen máximo combinado que supera los 498 millones de litros.
La tensión no termina ahí. Mientras los permisos permanecen, la Fiscalía General de la República investiga el llamado “huachicol fiscal”. Y el foco de la indagatoria no está solo en la existencia de operaciones, sino en lo que se reportó versus lo que efectivamente se transportó: de acuerdo con las indagatorias citadas, entre enero y julio de 2025 la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación por aduanas de Tamaulipas: Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.
El contraste que subraya la FGR es contundente. Cada carrotanque, según lo asentado en el relato de la investigación, reportaba cargamentos de 10 mil litros; sin embargo, las unidades —de acuerdo con la acusación— trasladaban 110 mil litros de gasolinas o diésel. En términos de investigación, el dato funciona como una brecha: no se trata de un error menor o una variación marginal, sino de una diferencia que altera el tamaño del fenómeno y, con ello, la forma de entender la presunta conducta.
En el fondo judicial, el conflicto se liga con el expediente donde también aparece Ernesto Ruffo Appel. La FGR señala a Ruffo Appel como presunto dirigente con dominio funcional del hecho, y lo relaciona con probables delitos de delincuencia organizada y contrabando. El proceso, de acuerdo con lo descrito, continúa con audiencias cerradas en Almoloya.
La defensa y las decisiones judiciales previas también marcan el ritmo del caso. Se sostiene que el entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro amparó a Ingemar para restituir el permiso de importación de combustibles. El contexto que se menciona es relevante: en el marco de la cancelación de 1,265 permisos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se incluyó a empresas como Valero, Shell, Trafigura e Ingemar. Pero en este escenario específico, el amparo habría revertido la cancelación y mantuvo la operatividad permitida.
Hay un segundo nivel de presión política y legal. Claudia Sheinbaum, según el recuento proporcionado, señaló una doble violación a disposiciones legales de importación de combustible: que Ingemar no habría reportado la totalidad del combustible importado o habría declarado un producto distinto al que realmente ingresaba al país. Ese señalamiento encaja con la idea de que el problema no sería únicamente la cantidad, sino también la descripción del producto y el volumen declarado bajo la protección otorgada por la autorización.
La controversia, entonces, se centra en un choque entre dos realidades que coexisten en el mismo expediente: por un lado, la vigencia de autorizaciones sostenidas por amparos; por el otro, una investigación que cuestiona cómo se ejecutaron y cómo se registraron las operaciones. El documento citado en el relato de la FGR sostiene que la inconsistencia recayó en la descripción del producto y en el volumen declarados bajo la cobertura del amparo.
Mientras el proceso sigue, la empresa aparece identificada con el RFC ING180809AU5. Y el caso mantiene su incertidumbre inmediata: la demanda penal y las audiencias cerradas avanzan, pero la consecuencia operativa ya está marcada por los permisos todavía activos. Para la investigación judicial, ese punto es crítico: si el permiso sigue vigente, la autoridad debe confrontar el origen y el soporte de lo que se considera prueba. Para la estrategia de defensa, el amparo es el sostén; para la fiscalía, el amparo no neutraliza lo investigable, porque la acusación insiste en la discrepancia entre lo declarado y lo transportado.
El cierre, por ahora, no es de absolución ni de sentencia. Es un revés parcial en el terreno administrativo y una aceleración en el terreno penal: Ingemar conserva el candado legal de su autorización, pero la FGR insiste en abrir la caja negra de los registros y el volumen real. Y mientras el expediente avanza con audiencias cerradas, la pregunta se vuelve inevitable: ¿puede seguir operando el mecanismo de importación protegido por amparo si lo que se reportó no coincide con lo que, según la investigación, ocurrió en la práctica?