Tras audiencia de más de 30 horas, la jueza consideró suficientes los datos de la FGR para seguir el proceso penal.
La decisión llegó después de una audiencia que se estiró por más de 30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México: la jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolvió vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más.
El eje del fallo fue directo. La jueza estimó que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal por delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentara datos de prueba que sustentan las imputaciones. Dicho de otro modo: no se trató de una etapa cerrada, sino de un paso que mantiene abierta la investigación judicial.
En lo inmediato, la resolución también definió el destino cautelar de los acusados. Ernesto Ruffo, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecen en prisión preventiva dentro del penal federal del Altiplano, mientras continúan las indagaciones. Para otros, la medida cambió: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales seguirán el proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud. Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará recluida en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur.
La reconstrucción oficial que hizo la FGR enmarca la causa desde el inicio de la detención. Según esa línea, Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio por su presunta participación en una estructura criminal que, de acuerdo con la investigación, habría usado a la empresa Ingemar, de la cual es accionista mayoritario, para introducir combustible de manera ilegal desde Estados Unidos hacia México. El mecanismo señalado no sería una operación declarada “a simple vista”, sino un esquema de simulación de operaciones orientado a aparentar legalidad.
Ahí aparece uno de los elementos que más pesan en la acusación: la organización, de acuerdo con las indagatorias, habría operado mediante 11 empresas para importar de forma irregular un volumen específico de combustibles. El señalamiento es contundente: 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina. Y la forma en que habría ingresado esa carga también se detalló en el expediente: transportados en 163 carrotanques ferroviarios.
La narrativa de la FGR agrega otro nivel de precisión al describir la operación logística. Se señala que la red habría realizado al menos nueve embarques desde Deer Park, usando a Ingemar como consignataria y a Internacional de Fundentes como destinataria final de los cargamentos. Ese patrón de envíos, repetido, sostiene la idea de una red que no sería episódica, sino organizada alrededor de un circuito de importación.
El punto de tensión, sin embargo, está en el momento en que el juez decide que el proceso debe avanzar. La vinculación a proceso implica que, para el tribunal, las imputaciones no quedaron solo en sospechas: hay base para seguir. Y cuando esa determinación recae sobre varios integrantes, la consecuencia se vuelve aún más clara: algunos se quedan dentro del penal federal, otros continúan bajo restricción domiciliaria por salud, y una persona seguirá recluida en un centro penitenciario local mientras el caso atraviesa etapas posteriores.
Mientras continúan las investigaciones, la resolución deja un mensaje implícito de urgencia judicial: el caso no se corta; se amplía el camino penal. Con ello, la disputa pasa de la detención y la imputación a la continuidad del proceso, con el peso de los datos que, según la FEMDO, justifican seguir.