La presidenta niega que el Gobierno controle el registro; el foco está en frenar extorsión y fraude telefónico.
El dato más contundente llegó con el número sobre la mesa: 68 millones de líneas telefónicas ya fueron enlazadas con la CURP de sus titulares, y la cifra avanzó cinco millones frente al mes anterior. En medio del clima de alarma que generaron interpretaciones sobre el destino del padrón, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a enfrentar el señalamiento.
Durante la Mañanera del Pueblo del 28 de julio, Sheinbaum planteó que circularon versiones distorsionadas sobre un supuesto control gubernamental del registro. Rechazó esa idea de plano y sostuvo que el propósito del proceso es otro: reducir delitos que operan desde el teléfono, como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.
La tensión se volvió más clara cuando la mandataria enfatizó el punto central del conflicto: no sería el gobierno quien resguarde la información de los usuarios. Señaló que esa tarea corresponde a las empresas de telefonía, mientras que la intervención de las autoridades se limita a supuestos específicos, mediante una orden judicial o en escenarios vinculados con la localización de personas. En su versión, el debate se alimentó por “desinformación o mala intención”.
Para completar el panorama, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, explicó cómo sigue el proceso. Indicó que el registro continuará abierto con plazos escalonados, definidos por el último dígito del número celular, y que correrán del 15 de agosto al 31 de diciembre de este año. También recordó que las líneas con plan contratado ya quedaron vinculadas desde el momento en que los usuarios proporcionaron sus datos a las compañías.
Según el desglose que presentó, el trabajo se concentró principalmente en líneas de prepago: alrededor de 40 millones ya están registradas, por lo que aún falta enlazar un volumen similar para cerrar el ciclo. La prórroga, entonces, se enfocará especialmente en aquellas que todavía no han sido vinculadas, y las nuevas fechas de límite dependerán nuevamente del último dígito del teléfono.
La estrategia, expuso el gobierno, se enmarca en la búsqueda de seguridad y en la persecución de delitos telefónicos. También precisó que desde enero de este año todas las líneas móviles deben asociarse a un titular identificado mediante documentación oficial. Y además, dejó en claro el costo de no cumplir: si una línea no se registra dentro del plazo correspondiente, las compañías telefónicas podrán suspenderla.
Durante esa etapa de suspensión, los usuarios no quedarían completamente desconectados: solo podrían realizar llamadas de emergencia y recibir alertas de Protección Civil hasta que se complete la vinculación. El trámite, insistieron, no lo ejecuta directamente el Gobierno de México. El registro se realiza ante las empresas telefónicas, que únicamente asocian el nombre y la CURP del usuario con su número celular, sin conservar otros elementos utilizados durante el proceso de vinculación.
La discusión, por tanto, no se reduce a una cifra: gira alrededor de quién tiene el resguardo del registro y bajo qué condiciones podría usarse. En ese choque entre versiones, Sheinbaum dejó una frase de cierre contundente: el gobierno no guarda los registros; las empresas de telefonía sí, y las autoridades solo acceden con mecanismos legales y específicos.