De Palacio Nacional, adelanta que el decreto blindará acceso a la información salvo por juicio o seguridad nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes un cambio directo en las reglas del juego dentro de la administración pública federal: un “decreto para la transparencia”. Lo planteó como respuesta a una práctica que, según su postura, permite que dependencias oculten datos de forma discrecional. Y si el objetivo declarado es reducir opacidad y romper la puerta a la impunidad, el mensaje se resume en una exigencia: que el gobierno no sea “opaco” por default.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria dejó claro que el anuncio no queda en una consigna. Dijo que el próximo jueves sostendrá una reunión con la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, para revisar los detalles del decreto. El encuentro aparece como el paso previo a una ruta que, más que prometer, busca aterrizar reglas.
La presidenta adelantó el contenido central. “Vamos hacer un decreto para la transparencia”, explicó, y subrayó el punto más sensible del paquete: en las nuevas leyes debe quedar “todavía más establecido” que la información no puede resguardarse “a criterio de la autoridad”. Es decir, el criterio unilateral queda bajo vigilancia. El gobierno, insistió, debe ser transparente.
Pero el alcance no se presenta como absoluto. Sheinbaum marcó dos excepciones: cuando la información esté “en un proceso judicial” o cuando se trate “realmente” de seguridad nacional. Fuera de esos escenarios, dijo, el razonamiento no admite salidas cómodas: “todo el gobierno debe ser transparente”. Con esa delimitación, el decreto se coloca en tensión con la discrecionalidad; la confronta con un marco más rígido y con límites explícitos.
El anuncio también abre otro frente. Sheinbaum afirmó que propondrían iniciativas al Congreso de la Unión para reformar otras leyes con el objetivo de fortalecer el sistema anticorrupción y avanzar hacia “cero impunidad”. La ruta legislativa, según detalló, partiría de una propuesta impulsada por instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Aquí se concentra otra capa de investigación política: no solo se trata de “más reglas”, sino de evitar contradicciones entre normas y esfuerzos. La presidenta explicó que cada organismo tiene su autonomía, pero lanzó una pregunta que apunta al riesgo de fragmentación: si cada quien propone por separado, ¿cómo se evita que una iniciativa choque con otra y termine debilitando la lucha contra la corrupción? Según contó, llegaron a un acuerdo para construir una propuesta conjunta de diferentes leyes que “no se contradigan entre sí”.
En esa misma línea, Sheinbaum detalló la lógica operativa que, dijo, ya existe: dependencias y organismos “está haciendo la parte que le corresponde de sus leyes”. Sin embargo, enfatizó que la idea general es que no haya conflictos ni roces normativos. El énfasis final no es solo normativo; es estratégico: que el sistema anticorrupción funcione sin fricciones entre piezas.
El cierre queda marcado por la urgencia del objetivo. El decreto para la transparencia, la revisión con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la propuesta conjunta al Congreso se alinean bajo una misma consigna: acotar la opacidad, impedir resguardos arbitrarios y empujar un marco que reduzca espacio a la impunidad. En Palacio Nacional, el anuncio se leyó como una señal de que el gobierno pretende pasar de discursos a reglas que se puedan aplicar y exigir.