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Sheinbaum construirá seis penales con 18 mil espacios en seis estados

Nayarit y Estado de México operan al 250% de su capacidad; Sinaloa recibirá el primer centro tras la violencia en El Castillo.

Dieciocho mil 480 espacios. Seis centros penitenciarios. Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz. El Gobierno de Claudia Sheinbaum detalló este martes 13 de octubre la construcción de los nuevos penales. El objetivo: ampliar los espacios disponibles en las cárceles estatales. El contexto: saturación y violencia.

La presión sobre el sistema es desigual. El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2026 del INEGI reportó, con información de 2025, una ocupación promedio de 112.8 personas por cada 100 lugares. El promedio nacional ya está rebasado. Pero hay entidades en situación crítica.

Nayarit y el Estado de México llegaron a 251.9 y 250.2, respectivamente. Alrededor de dos personas y media por espacio disponible. La cifra es contundente. La saturación es extrema. El hacinamiento es la norma en esas entidades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó los detalles. Los establecimientos tendrán infraestructura de alta seguridad. Sistemas de vigilancia. Inspección. Bloqueo de señales. Además de módulos para separar a las personas internas según su perfil y nivel de riesgo. La tecnología será parte del diseño.

Sinaloa será el primer estado en recibir uno de los centros. La razón: las dos jornadas de violencia del 8 y 9 de octubre en el penal El Castillo, en Mazatlán. Dejaron 12 personas muertas. Entre ellas, un menor que se encontraba de visita. La Guardia Nacional reforzó la seguridad. Las investigaciones sobre el ingreso de armas continúan. Las responsabilidades, por deslindar.

El punto de tensión es la calidad, no solo la cantidad. El Castillo permite dimensionar el problema. Aunque el centro no rebasaba su capacidad total, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le otorgó una calificación de 5.25 sobre 10 en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. El organismo detectó insuficiencia de custodios. Actividades ilícitas. Deficiencias en servicios de salud. Fallas para prevenir incidentes violentos.

Sheinbaum afirmó que su administración ha detenido a 70 mil personas. Planteó un modelo penitenciario que incluya trabajo y educación para la reinserción social. Señaló que el proyecto se financiará en coordinación con los estados y la Secretaría de Hacienda. Sin recurrir a concesiones privadas. La cifra de detenciones no equivale necesariamente al número de personas que permanecen encarceladas.

El INEGI identificó otro dato relevante. 42.2% de las personas registradas en su censo penitenciario de 2026, con datos de 2025, no tenía sentencia. El instituto aclaró que la Ciudad de México proporcionó información parcial que no incluyó los centros para adultos. Una limitación importante para interpretar los resultados nacionales.

El proyecto tampoco surge de cero. En agosto, Sheinbaum ya había planteado construir alrededor de seis penales para enfrentar el aumento de la población carcelaria. Pero entonces reconoció que aún no había recursos definidos. La diferencia es que ahora el anuncio es oficial.

Falta conocer el costo de cada obra. Las ubicaciones exactas. Los plazos de construcción. La distribución de los 18 mil 480 espacios. También está pendiente cómo se reforzará la seguridad y el personal de los centros existentes. Porque la ampliación de cupos por sí sola no resuelve las deficiencias detectadas en Mazatlán.

Sheinbaum construirá seis penales. 18 mil 480 espacios. Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Nayarit opera al 251.9%. Estado de México, al 250.2%. Promedio nacional: 112.8 personas por cada 100 lugares. García Harfuch detalló la alta seguridad. Sinaloa recibirá el primer centro tras la violencia en El Castillo. 12 muertos. Un menor entre ellos. La CNDH calificó El Castillo con 5.25 sobre 10. Insuficiencia de custodios. Actividades ilícitas. 42.2% sin sentencia. Sheinbaum prometió trabajo y educación. Sin concesiones privadas. Financiamiento con estados y Hacienda. Faltan costos, ubicaciones y plazos. Más espacios no garantizan cárceles seguras.

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