La decisión, firmada por el presidente y respaldada por cuatro áreas del Estado, redefine el marco de combate al crimen transnacional.
Cinco organizaciones criminales. Ese es el número que el Gobierno argentino inscribió oficialmente en la categoría de terroristas. La firma del presidente Javier Milei convirtió en política de Estado una definición que hasta ahora operaba en el terreno de la retórica: el Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y el ELN, entre otros grupos, quedan formalmente catalogados como organizaciones terroristas.
El documento no circuló como un gesto aislado. Fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Cuatro engranajes del aparato estatal alineados para emitir una señal inequívoca: Argentina endurece su postura frente al crimen organizado transnacional.
La administración libertaria no ocultó el objetivo. El texto firmado por Milei reafirma un “compromiso indeclinable” con la lucha contra el terrorismo. Pero va más allá: establece como prioridad identificar y combatir a aquellas organizaciones que emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal. La definición no es ambigua. Es operativa.
El impacto de la medida trasciende lo simbólico. Al catalogar a estos grupos como terroristas, el Gobierno argentino habilita un marco jurídico y político distinto para su persecución. La decisión, además, coloca al país sudamericano en una posición explícita dentro del tablero regional de seguridad.
El punto de mayor tensión no está en la lista en sí, sino en las implicaciones que arrastra. Las FARC-EP y el ELN son actores con décadas de presencia en el conflicto colombiano. El Cártel de Sinaloa opera en el circuito internacional del narcotráfico. Argentina los nombra a todos bajo la misma etiqueta. La consecuencia es una sola: no hay margen para la ambigüedad.
Milei firmó. La estructura del Estado acompañó. Y el crimen organizado transnacional quedó formalmente notificado de que Argentina lo considera un enemigo declarado.