La presidenta confirma indagatorias por contratos públicos desviados; aclara que no hay vínculo con delincuencia organizada.
Claudia Sheinbaum lo hizo público desde la mañanera. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios vinculados al duopolio de materiales electorales, por un posible esquema de lavado de dinero. La revelación fue precisa: no hay elementos que los relacionen con la delincuencia organizada, pero sí indicios de un movimiento ilegal de recursos provenientes de contratos públicos hacia distintas cuentas bancarias.
“Lo que se está trabajando a través del SAT y la UIF, acciones de lavado de dinero, no quiere decir de la delincuencia organizada, sino de recursos de contratos que a su vez son puestos de manera ilegal en otras cuentas que a su vez van a otras cuentas”, detalló la mandataria. La precisión no es menor: el caso no apunta al crimen organizado, sino a una presunta red de desvío de fondos públicos a través del sistema financiero.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que las autoridades presumen que los hermanos Hernández Casillas y la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, permanecen en México. Sin embargo, precisó que no ha recibido información del Instituto Nacional de Migración ni del gabinete de Seguridad sobre posibles salidas del país. La ubicación de los implicados sigue siendo un dato sin confirmación oficial.
El punto de tensión es procesal. Si la UIF encuentra elementos suficientes, presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), una vez que se cuente con la información bancaria necesaria para documentar las operaciones. También indicó que las investigaciones podrían derivar en sanciones administrativas ante las instancias correspondientes, dependiendo de los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de las autoridades financieras. La ruta está trazada: primero la evidencia bancaria, luego las denuncias penales, después las sanciones administrativas.
La presidenta llamó a los órganos internos de control y a las autoridades electorales a reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y establecer reglas claras para las adquisiciones, con el propósito de evitar nuevas irregularidades y dar certeza a las elecciones de 2027. “Me parece que es muy importante dar certeza a la elección del 2027, después de todo esto que se ha encontrado”, afirmó.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, puso un límite claro. Aclaró que hasta ahora no han encontrado contratos de las empresas investigadas con dependencias de la administración pública federal, por lo que no existe fundamento para inhabilitarlas por posibles irregularidades cometidas en contrataciones del INE. “Hasta ahorita no hemos encontrado contratos y no se puede inhabilitar porque se portan mal en otro lugar, que en este caso sería el INE”, explicó. Sheinbaum reveló la investigación. El lavado de dinero se indaga. Las inhabilitaciones, por ahora, no tienen sustento federal. La pregunta es qué tan lejos llegará la evidencia.