La administración federal marca distancia ante la crisis en Sinaloa y exige cuentas sobre convenios de inteligencia extranjera sin aval gubernamental.
La intervención de agencias de inteligencia estadounidenses en territorio chihuahuense ha escalado a un conflicto de soberanía legal. La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado las riendas para determinar responsabilidades sobre la presencia de dos elementos de la CIA en operativos locales. El eje de la indagatoria se centra en quién autorizó dicha incursión y bajo qué condiciones, dado que, según la mandataria, se vulneró flagrantemente la Ley de Seguridad Nacional al omitir la validación del Ejecutivo Federal.
El límite de los convenios estatales La postura de Palacio Nacional es tajante: aunque las entidades federativas poseen autonomía para concretar pactos en materia académica o científica, el terreno de la seguridad es exclusivo de la Federación. Sheinbaum enfatizó que ningún gobierno estatal tiene facultades para pactar estrategias de inteligencia con potencias extranjeras sin el visto bueno de la Secretaría de Seguridad, una omisión que hoy coloca a las autoridades de Chihuahua bajo la lupa ministerial para esclarecer los términos de sus acuerdos con Washington.
Distanciamiento estratégico en Sinaloa Mientras la crisis de seguridad nacional se desplaza al norte, en Sinaloa la estrategia es la cautela política. La Presidenta ratificó que, pese a no existir una agenda conjunta establecida aún, mantendrá el vínculo con la gestión de Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de la entidad. Este acercamiento ocurre en un escenario de reconfiguración tras la salida de Rubén Rocha Moya, quien, de acuerdo con la mandataria, se separó del cargo para evitar daños colaterales a la estabilidad del movimiento y de la población sinaloense.
Presidencialismo y autonomía legislativa Ante las presiones para forzar la salida de otras figuras políticas, como el senador Enrique Inzunza, Sheinbaum rechazó intervenir directamente. La mandataria calificó de contradictorias las críticas que la tildan de autoritaria mientras simultáneamente le exigen que gestione licencias ajenas. Para la jefa del Estado, la decisión de permanecer o retirarse de un puesto público es una responsabilidad individual que no debe emanar de una orden presidencial, subrayando una política de no injerencia en las decisiones de otros funcionarios y legisladores, a quienes les corresponde evaluar su propia situación.