La muerte de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara detona una crisis de soberanía y el inicio de un juicio político contra Maru Campos.
El hallazgo de dos cadáveres vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el municipio de Morelos ha fracturado la relación entre Chihuahua y la Federación. Lo que inició como una incursión para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas el pasado 19 de abril, se ha transformado en el epicentro de una tormenta legal: Morena ha formalizado la ruta para despojar de su inmunidad procesal a la mandataria María Eugenia Campos Galván. La acusación es contundente: permitir que agentes extranjeros encabecen operativos armados en suelo mexicano, una acción que vulnera los tratados internacionales y la legislación nacional vigente.
El aislamiento de la Mesa de Paz La reconstrucción de los hechos apunta a un quiebre sistemático en los protocolos de inteligencia. Ariadna Montiel, líder nacional del partido guinda, reveló que la gobernadora ha mantenido una política de ausentismo en los cónclaves diarios de seguridad en Palacio Nacional. Esta falta de coordinación no es menor; el operativo en la Sierra Tarahumara nunca fue notificado a los mecanismos federales, lo que sugiere una gestión paralela de la seguridad estatal que prescindió de la supervisión de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.
Soberanía bajo fuego en la Tarahumara Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas dos carpetas de investigación por la presunta violación a la soberanía, la narrativa oficial de Morena sostiene que los acuerdos con Estados Unidos se limitan exclusivamente al intercambio de datos, no a la acción directa de oficiales externos. En este contexto, la estadística criminal no ayuda a la defensa estatal: durante abril, Chihuahua se convirtió en el punto más violento del país, concentrando el 8.2% de los homicidios dolosos a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo.
El desvío político y la movilización La tensión alcanzó su punto máximo al denunciarse que, mientras el Congreso exigía explicaciones sobre la muerte de los agentes, Campos Galván optó por una agenda internacional con sectores de ultraderecha, ejemplificada en su encuentro con la española Isabel Díaz Ayuso. Ante lo que califican como una negativa a rendir cuentas, se ha convocado a una movilización masiva para el 16 de mayo. El objetivo es claro: transformar un conflicto regional en una causa de Estado que desemboque en el desafuero ante las instancias legislativas federales.
Consecuencias de una cooperación irregular La participación de agencias extranjeras fuera de los cauces oficiales es el argumento jurídico que hoy sostiene la solicitud de juicio político impulsada por diputados de Morena y el PT. Para la dirigencia oficialista, la seguridad de Chihuahua ya no es un asunto administrativo local, sino una transgresión a los principios fundamentales de la República. El desenlace de este proceso definirá no solo el futuro de Maru Campos, sino los límites de la intervención extranjera en la lucha contra el narcotráfico en México.