El Gabinete de Seguridad desmiente incursiones letales de agencias extranjeras y advierte que Chihuahua fue la excepción que fracturó la soberanía.
La administración federal ha trazado una línea roja inamovible frente a la inteligencia estadounidense. Tras las versiones difundidas por una cadena internacional sobre la supuesta ejecución de un mando del Cártel de Sinaloa a manos de agentes externos en el Estado de México, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lanzó una respuesta institucional fulminante. El mensaje es claro: el Gobierno de México no permitirá que se intente legitimar o dar por sentada la presencia de fuerzas operativas unilaterales de la CIA en el país, calificando cualquier sugerencia de este tipo como una afrenta directa a la ley.
El incidente de Tecámac bajo la lupa El detonante de este choque diplomático fue la narrativa sobre la muerte de Francisco Beltrán, apodado “El Payín”. Según las versiones rechazadas, la CIA habría tenido un rol activo en un evento de tránsito en Tecámac donde el vehículo del presunto criminal estalló. Ante esto, Harfuch fue categórico al negar cualquier participación de organismos foráneos en acciones letales o encubiertas. El funcionario subrayó que las labores de campo y las intervenciones tácticas son facultad exclusiva de las corporaciones mexicanas, sin espacio para delegar la fuerza del Estado a manos extranjeras.
Cooperación sí, subordinación no La postura de seguridad nacional no implica un aislamiento, sino una redefinición de los términos. Siguiendo la doctrina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad recalcó que el éxito contra el narcotráfico —incluyendo decomisos históricos y desmantelamiento de laboratorios— se basa en una “confianza mutua” y “responsabilidad compartida”. Sin embargo, puntualizó que este enlace se limita estrictamente al flujo de datos y coordinación institucional, descartando de tajo cualquier subordinación operativa.
Chihuahua: La excepción que confirma la regla Un matiz crítico en la declaración oficial fue la mención a Chihuahua. Mientras se defiende la integridad del territorio nacional, el Secretario identificó a dicha entidad como el único caso donde se violentó la soberanía. Este señalamiento interno refuerza la narrativa de que el Gobierno Federal vigila de cerca que los tratados de asistencia no se conviertan en permisos para incursiones tácticas de la CIA u otras agencias. La soberanía, según el discurso oficial, no es negociable ni puede ser “normalizada” por narrativas mediáticas.
El blindaje institucional Para cerrar cualquier resquicio de duda, Harfuch recordó que existen canales formales establecidos, gestionados principalmente por la Cancillería y el Gabinete de Seguridad. Cualquier apoyo internacional debe transitar por estos mecanismos legales sin mutar en acciones operativas directas. La soberanía mexicana se presenta hoy como un bloque sólido, donde la inteligencia se comparte, pero el gatillo y la estrategia táctica permanecen, sin excepciones, bajo control de las autoridades nacionales.