La gobernadora panista blindó su imagen con contratos millonarios a televisoras, periódicos y conductores, pero sus propias declaraciones contradictorias terminaron por exponer la crisis de credibilidad que hoy sacude al gobierno chihuahuense.
Ciento once millones de pesos a Televisa. Noventa y cuatro millones a TV Azteca. Pagos sostenidos durante cuatro años a conductores, revistas y portales digitales de la capital del país. Eso fue lo que la administración de María Eugenia Campos construyó como escudo mediático antes de que estallara uno de los escándalos más delicados de su gobierno: la participación de agentes estadounidenses en operativos dentro de la Sierra Tarahumara.
Los datos, atribuidos a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y difundidos por ZonaFree.mx, revelan que entre septiembre de 2021 y septiembre de 2025 el erario estatal transfirió recursos a una extensa red de medios nacionales y locales. El monto acumulado supera los 2 mil millones de pesos si se suman los contratos con empresas periodísticas asentadas en el propio estado.
Cuando el operativo del 17 al 19 de abril se hizo público, la mandataria no recurrió a conferencias de prensa abiertas ni a declaraciones ante medios críticos. Eligió, en cambio, los espacios de quienes ya figuraban en su lista de contratos. Adela Micha y Joaquín López-Dóriga condujeron entrevistas que la panista esperaba que funcionaran como válvula de escape. Ambos conductores aparecen en los registros de pagos oficiales.
La estrategia no salió según lo planeado.
En las entrevistas, Campos avanzó de posición en posición de manera que cada declaración contradijo a la anterior. Primero afirmó desconocer por completo la presencia de elementos norteamericanos durante el operativo. Luego reconoció que sí existió coordinación con agencias de ese país. Finalmente, en la conversación con López-Dóriga, admitió algo que resultó más revelador que cualquier filtración: que como autoridad estatal carece de facultades para suscribir acuerdos con entidades extranjeras, una atribución exclusiva de la Federación. La frase equivalía a confesar que alguien más, en otro nivel de gobierno o en algún organismo federal, habilitó la operación.
La Fiscalía General de la República ya abrió indagatorias. El entonces fiscal estatal César Jáuregui abandonó el cargo. Varios funcionarios de áreas vinculadas a seguridad presentaron renuncias. El caso derivó en una investigación por posibles implicaciones en materia de seguridad nacional.
Mientras tanto, la arquitectura de financiamiento mediático que ZonaFree.mx documentó muestra la escala del aparato construido. En el ámbito nacional, además de Televisa y TV Azteca, aparecen El Heraldo de México con 43.2 millones, Grupo Imagen con 31 millones, El Universal con 22.7 millones, Proceso con 16.8 millones y Latinus con 16.5 millones. Medios como El Arco Digital recibieron 13.3 millones, MVS Noticias 9 millones, El Economista 8 millones, Reforma y El Financiero 6 millones cada uno. SDP Noticias aparece con 9.2 millones.
La dimensión local no es menor. El Diario encabeza la lista con más de 205 millones de pesos recibidos. Canal 44 acumuló 92 millones. El Heraldo de Chihuahua recibió casi 69 millones. Grupos radiofónicos como Radiorama, Radio Net, Radio Lobo y Mega Radio también figuran entre los beneficiarios. En el segmento digital y de opinión, Norte Digital acumuló más de 41 millones, Tiempo/Puente Libre casi 36 millones, La Opción 27 millones y Entre Líneas casi 17 millones.
El gasto publicitario en gobiernos no es ilegal en sí mismo, pero la concentración de recursos en medios que luego abrieron micrófonos a la gobernadora durante su peor crisis política traza una línea que los propios entrevistadores no mencionaron. La pregunta que quedó sin hacerse en cada uno de esos espacios es quizás la más importante: ¿quién autorizó que agentes de otro país operaran en territorio mexicano?
Las investigaciones federales siguen abiertas. Y las respuestas, por ahora, no llegan desde los micrófonos pagados.