Washington, D.C. – La Suprema Corte de Estados Unidos ha dado un paso crucial en un caso que podría tener profundas implicaciones para la relación entre México y la industria armamentista de EE.UU. Este viernes, el máximo tribunal estadounidense decidió examinar si debe permitir que continúe una demanda histórica presentada por el gobierno de México contra los fabricantes de armas estadounidenses, acusados de facilitar indirectamente el tráfico de armas hacia los cárteles de la droga.
El caso, iniciado en 2021, es parte de una batalla judicial más amplia que libra México en su intento de responsabilizar a compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, así como al distribuidor Interstate Arms, por lo que el gobierno mexicano considera un “comercio negligente e ilícito” que alimenta la violencia en su territorio. México reclama 10 mil millones de dólares en daños, argumentando que estas empresas permiten la llegada masiva de armas a los cárteles.
La Demanda: Un Enfrentamiento Inédito
En su demanda, México sostiene que entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas por estas empresas cruzan anualmente la frontera estadounidense de manera ilegal, muchas de las cuales terminan en manos de organizaciones criminales. Según datos presentados por el gobierno mexicano, entre el 70% y el 90% de las armas utilizadas en crímenes en México tienen origen en Estados Unidos. En México, donde el acceso legal a las armas es extremadamente limitado, el flujo ilícito de armamento ha alimentado una ola de violencia que ha dejado más de 340 mil asesinatos y 100 mil desaparecidos desde 2006, la mayoría atribuidos a los cárteles del narcotráfico.
El gobierno mexicano sostiene que los fabricantes de armas y distribuidores estadounidenses son parcialmente responsables de esta violencia, al no implementar medidas que limiten el tráfico ilegal de sus productos. Esta argumentación ha puesto a México en una posición única: es el primer país en demandar a la industria armamentista estadounidense bajo el argumento de que sus prácticas comerciales tienen repercusiones devastadoras fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Un Obstáculo Legal: La Ley de Protección del Comercio de Armas (PLCAA)
La demanda enfrenta un obstáculo significativo en la forma de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005. Esta ley protege a los fabricantes y vendedores de armas de ser responsabilizados por el uso criminal de sus productos. En 2022, un juez federal desestimó el caso citando precisamente esta ley, argumentando que México no podía reclamar responsabilidades a las empresas de armas bajo las salvaguardias que ofrece la PLCAA.
Sin embargo, un tribunal de apelación revivió el caso, argumentando que existe una excepción a la PLCAA que podría aplicar en este caso, lo que abrió la puerta para que la demanda avanzara nuevamente en los tribunales. En respuesta, Smith & Wesson e Interstate Arms solicitaron a la Suprema Corte que interviniera y desestimara definitivamente la demanda.
El Debate en la Suprema Corte
El análisis que llevará a cabo la Suprema Corte en los próximos meses se centrará en dos puntos clave: si las leyes estadounidenses permiten a un gobierno extranjero como el de México demandar a los fabricantes de armas en suelo estadounidense, y si la excepción a la PLCAA realmente puede aplicarse en este caso.
La discusión ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas en la violencia causada por sus productos, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países afectados por el tráfico ilícito de armas. Para México, el fallo de la Suprema Corte podría significar un cambio crucial en su lucha contra los cárteles del narcotráfico, mientras que para la industria de armas de Estados Unidos, la decisión podría marcar un precedente histórico sobre su responsabilidad legal más allá de sus fronteras.
Un Problema Compartido: El Papel de EE.UU. en la Crisis de Violencia en México
El gobierno mexicano ha sido claro en su postura: el tráfico de armas desde Estados Unidos es una de las principales fuentes de violencia en el país. Desde el inicio de su administración, el presidente mexicano ha mantenido una presión constante sobre Washington para que reconozca y aborde esta problemática. El presidente Joe Biden y su administración han mostrado una disposición favorable a colaborar, reconociendo el tráfico de armas como una amenaza grave.
De hecho, el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, ha calificado este problema como un “reto acuciante”, similar a otros desafíos como el tráfico de fentanilo y la migración ilegal. Sin embargo, a pesar de los pronunciamientos de apoyo, las acciones concretas en Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México han sido limitadas.
Conclusión
El caso que ahora está en manos de la Suprema Corte de Estados Unidos no solo definirá el futuro de la demanda de México contra los fabricantes de armas, sino que también tendrá implicaciones más amplias sobre la responsabilidad de las empresas armamentistas frente al tráfico ilícito y la violencia. Un fallo a favor de México podría abrir la puerta a nuevas demandas y regulaciones sobre la industria de armas en EE.UU., mientras que una decisión en contra consolidaría las protecciones legales actuales y cerraría una vía judicial que México ha utilizado como una de sus principales estrategias para combatir la violencia.
Con la vista puesta en la Suprema Corte, la resolución de este caso será seguida muy de cerca, no solo por los gobiernos de México y Estados Unidos, sino por un mundo que observa cómo los efectos de la violencia armada traspasan fronteras y desafían el concepto de responsabilidad global.