Un segundo detenido perece en instalación con problemas de salubridad documentados, mientras crece el escrutinio sobre las condiciones de reclusión.
Diecinueve vidas apagadas desde enero. Ese es el saldo de detenciones bajo custodia de la agencia migratoria estadounidense. El patrón se repite con escalofriante regularidad, y ahora un centro en Luisiana concentra las miradas críticas tras la pérdida de dos reclusos en menos de sesenta días.
Mamuka Artmeladze, ciudadano georgiano de cuarenta y tres años, fue hallado sin conocimiento el cuatro de junio en el Centro Correccional Winn. Los guardias intentaron reanimarlo antes de trasladarlo en ambulancia. Menos de una hora después, un galeno certificó su deceso en el mismo hospital donde meses antes había fallecido otro interno.
La autopsia determinará las causas. Pero el contexto es revelador: este complejo, operado por el sheriff local y una empresa contratista, alberga a más de mil quinientos hombres. La mayoría carece de historial delictivo. Artmeladze permaneció recluido casi cuatro meses tras ser arrestado en Alabama, cuando las autoridades determinaron que había perdido su estatus migratorio temporal.
El once de abril, Alejandro Cabrera Clemente, mexicano de cuarenta y nueve años, corrió idéntica suerte. Encontrado inconsciente durante un operativo de seguridad, los esfuerzos por salvarlo resultaron inútiles. Ambos casos ocurrieron en la misma instalación que, según un informe de inspección reciente, presenta deficiencias en atención médica, problemas sanitarios y denuncias por uso desproporcionado de fuerza.
El escrutinio sobre las condiciones carcelarias se intensifica. Mientras las autopsias revelan las causas médicas, la pregunta persiste: ¿cuántas muertes más serán necesarias para que las autoridades actúen?