La mandataria federal desmantela el monopolio de las dirigencias al anunciar un referéndum educativo en agosto, mientras denuncia trasfondos políticos en las protestas.
El monopolio de las dirigencias sindicales llegó a su fin. La jefa del Ejecutivo federal anunció un sondeo cara a cara con los educadores de todo el territorio nacional para agosto. La instrucción es clara: escuela por escuela, sin filtros burocráticos, para definir el reemplazo del organismo evaluador.
Mientras los movilizados toman las calles de la capital, la administración federal contraataca en el tablero político. El titular de Educación Pública denunció que las marchas responden a una estrategia calculada para ensuciar la imagen del país ante los reflectores globales. A pesar de atender sus exigencias en materia de retiro y derogar el sistema punitivo heredado del pasado régimen, los disidentes mantienen su postura.
El Ejecutivo federal garantiza el respeto a la disidencia, pero traza una línea roja: la seguridad de los asistentes al certamen futbolístico es innegociable. La encargada de la política interior confirmó que el torneo orbital se desarrollará sin contratiempos, tras obtener compromisos de pacifismo por parte de los agremiados.
El verdadero choque ocurre en el fondo. El gobierno busca extinguir el organismo que regulaba la carrera docente, pero los grupos opositores exigen regresar al modelo anterior. Ante la negativa, la presidenta decidió saltarse a los líderes y hablar directamente con las bases.
Con las mesas de negociación abiertas y el calendario electoral educativo en marcha, el oficialismo apuesta por arrebatarle la base social a la Coordinadora, justo cuando el mundo pone sus ojos en la nación.