Ciudad de México, 5 de octubre de 2024.- El Centro para la Diversidad Biológica y Defensa Ambiental del Noroeste, con sedes en Estados Unidos y México respectivamente, han presentado una petición formal ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), señalando graves omisiones del gobierno mexicano en la aplicación de leyes ambientales en un polémico proyecto ferroviario en Sonora. La denuncia apunta a la falta de evaluación de impacto ambiental (EIA), lo que podría tener consecuencias devastadoras para especies en peligro de extinción.
El proyecto ferroviario, que conecta los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales, inició sin someterse a la evaluación ambiental requerida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), aseguran los peticionarios. Según ellos, este incumplimiento es solo la punta del iceberg en un proceso lleno de irregularidades y falta de transparencia.
Uno de los aspectos más preocupantes es que la construcción atraviesa el Rancho El Aribabi, una reserva natural que actúa como corredor biológico crucial para especies como el jaguar, ocelote y oso negro, así como para la tortuga pecho quebrado sonorense, endémica de la región. La fragmentación de hábitats en esta área biodiversa podría tener un impacto irreversible en la conservación de estas especies.
Autorizaciones inexistentes y la opacidad del gobierno
Las organizaciones también señalan que el gobierno de Sonora solicitó una “autorización provisional” para el proyecto, una figura que, aseguran, no tiene base legal dentro del marco ambiental mexicano. Esto, sumado a la confidencialidad con la que se ha manejado la información sobre los impactos ambientales del proyecto, genera serias dudas sobre la legalidad de la obra y el compromiso del gobierno con la protección ambiental.
La denuncia, respaldada por documentos, fotografías y videos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, sugiere que tanto las autoridades federales como estatales han sido cómplices de este proceso irregular.
¿Qué sigue para el proyecto?
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) tiene ahora 30 días para revisar la petición y determinar si cumple con los requisitos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si la petición es admitida, podría desencadenar una investigación más amplia que ponga en entredicho la legalidad del proyecto ferroviario.
Este caso ha generado preocupación no solo por el impacto ambiental, sino porque podría sentar un peligroso precedente para futuros proyectos de infraestructura en México. Con las obras ya en marcha, el destino de las especies afectadas y la integridad del ecosistema dependerán de las decisiones que tome la CCA en las próximas semanas.