Tras el señalamiento de Terry Cole, la federación responde con cifras, detenciones y decomisos, y defiende la cooperación bilateral.
El Gobierno de México salió al paso con una respuesta contundente: las acusaciones de Terry Cole, titular de la DEA, sobre una presunta conexión entre redes criminales y estructuras gubernamentales mexicanas, “carecen de sustento”. El mensaje no llegó como un silencio o una frase diplomática, sino como un desmentido armado con datos, operativos y un argumento central: lo dicho en Orlando no coincide con los resultados públicos y verificables, según el propio posicionamiento federal.
El antecedente inmediato es preciso. Cole hizo sus señalamientos el lunes 13 de julio, durante la Cumbre por una América Libre de Fentanilo en Orlando, Florida. Ahí, en su discurso, planteó que la agencia enfocará sus capacidades contra los cárteles y también contra eslabones específicos del circuito criminal: distribuidores, lavadores de dinero, proveedores químicos y personas que facilitan el tráfico. Pero el punto que detonó la respuesta mexicana fue la afirmación más amplia: que las redes criminales y el Gobierno mexicano serían “una misma cosa”.
Desde el lado mexicano, el giro fue convertir esa frase en un expediente de contradicciones. La administración federal sostuvo que su Estrategia Nacional de Seguridad se apoya en una política de “cero impunidad”, con acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones del Gabinete de Seguridad y gobiernos estatales. En vez de discutir solo el tono del funcionario estadounidense, la respuesta trasladó el debate a un terreno que, por su volumen, busca cerrar el espacio al señalamiento general: cifras de detenciones, armas aseguradas, drogas decomisadas e infraestructura clandestina inhabilitada.
La federación detalló resultados desde el inicio de la actual administración hasta el 30 de junio de 2026. En ese periodo, se reportó la detención de 59 mil 582 personas y el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego. Con la misma lógica numérica, se informó sobre decomisos cercanos a 499 toneladas de drogas, dentro de las cuales se ubicaron 2 mil 363 kilogramos y más de 5.5 millones de pastillas de fentanilo. También se mencionó la inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para producir metanfetaminas.
El mensaje, sin embargo, no se quedó en el inventario. México remarcó que, entre los detenidos, se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia de distintas organizaciones criminales. La federación subrayó que, en sus acciones, no hay distinción entre grupos delictivos: el combate, afirmó, se dirige contra estructuras y responsables, sin segmentar el objetivo por pertenencia.
En ese marco, la administración federal afirmó que los operativos y capturas se basan en investigaciones y se realizan bajo el marco legal. Con ello, lo que se busca es desmontar la idea de que exista una “misma cosa” entre crimen organizado y gobierno: la respuesta intenta demostrar que el Estado actúa desde la investigación y la aplicación de la ley, no desde una supuesta conexión institucional.
Aún más sensible fue el apartado con el que el comunicado encaró otro tipo de acusación: la posibilidad de protección institucional a integrantes del crimen organizado. El gobierno afirmó que las investigaciones han alcanzado a servidores públicos relacionados con actividades ilícitas. Como resultado de la Operación Enjambre y otras indagaciones, dijo que fueron detenidos más de 80 funcionarios y exfuncionarios. En el mismo renglón, la respuesta introdujo un dato que eleva la tensión: entre los aprehendidos se encuentran siete presidentes municipales en funciones al momento de ser detenidos. Y, de acuerdo con reportes oficiales previos mencionados en el posicionamiento, el número de servidores y exservidores públicos aprehendidos por estos operativos supera los 85.
Para el gobierno, ese componente es una prueba política y operativa: sostienen que no existe protección para quien incurra en conductas delictivas, independientemente del cargo o su afiliación política. Así, el comunicado intenta cerrar el círculo de la acusación: si la investigación alcanza a funcionarios, dicen, entonces la supuesta “conexión” descrita desde la DEA no se sostiene dentro de los resultados que presenta México.
La respuesta también incluyó un argumento de impacto social. México señaló una reducción de homicidios dolosos como parte de los efectos de la estrategia. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, dijo, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 48%, lo que implica 41 asesinatos menos cada día, comparado con el inicio del periodo analizado. En el mismo sentido, el gobierno indicó que el combate a las estructuras criminales se expresa mediante operativos, aseguramientos, investigaciones financieras y detenciones de objetivos prioritarios.
Ahí aparece otro punto de tensión: cómo responder cuando el interlocutor describe una “misma cosa” entre criminalidad y gobierno. La federación no eludió el conflicto, pero lo recondujo hacia un mensaje de ejecución: los resultados se miden con capturas, decomisos y reducción de violencia, no con acusaciones generales.
Finalmente, el comunicado dejó claro que el rechazo no implica ruptura. México aseguró que mantendrá los mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos. De hecho, dijo que la coordinación ha permitido detener a generadores de violencia y objetivos prioritarios requeridos por agencias estadounidenses. Sin embargo, reiteró que la colaboración debe operar con principios como respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación.
El contexto, según el propio posicionamiento, ocurre en un momento de endurecimiento del discurso estadounidense contra los cárteles y sus posibles redes de apoyo político. Pese a esa fricción discursiva, la federación afirmó que ambos países sostienen operaciones conjuntas contra el tráfico de fentanilo, armas y recursos financieros de origen ilícito.
En suma, el mensaje mexicano no busca solo contradecir una frase: intenta imponerse con un expediente de acciones y cifras. Y lo hace con urgencia: si la DEA planteó una conexión general, el gobierno responde con su narrativa de cero impunidad, con detenciones, decomisos y sanción a servidores públicos, además de una cooperación que —dicen— seguirá, pero con reglas claras.