El sol del mediodía iluminaba el Senado cuando, con voz firme, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, anunció: “Con la Corte o sin ella, el próximo 16 de octubre emitiremos la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados”. En un ambiente de creciente tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, la advertencia de Mier dejó claro que la reforma judicial no se detendría, pese a las reticencias de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña.
El eco de sus palabras resonaba en los pasillos del Senado, donde desde hace semanas se respiraba un aire de confrontación con el Poder Judicial. Norma Piña, considerada una defensora férrea de la independencia judicial, ha sido criticada por algunos legisladores, quienes la acusan de utilizar “subterfugios” para retrasar la entrega de información esencial para la convocatoria. Se trata de un listado de vacantes, renuncias y retiros en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que el Senado necesita para dar curso a la reforma constitucional aprobada.
El vicepresidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, fue más allá al lamentar lo que llamó “maniobras” de la ministra Piña para frenar la elección de nuevos jueces. “No vamos a renunciar a lo que nos ordena la Constitución”, sentenció Mier. La reforma establece que el Senado tiene hasta el 16 de octubre para emitir la convocatoria para las elecciones extraordinarias de junio de 2025, un paso fundamental en la reorganización del Poder Judicial, según el plan del Constituyente Permanente.
Los días previos habían sido tensos. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, envió una solicitud formal el 18 de septiembre a Piña, pidiéndole la información sobre las plazas judiciales. Sin embargo, la respuesta llegó ocho días después, en un documento en el que la ministra señalaba que aún no había vencido el plazo de 15 días para la entrega de dichos datos. Este viernes, una nueva misiva filtrada, aunque no recibida oficialmente por el Senado, reveló que la Corte discutirá la constitucionalidad de la reforma y un amparo para evitar proporcionar la información solicitada.
Con estos elementos en juego, la tensión alcanzó su punto máximo. Ramírez Marín, con el peso de los años de experiencia política, advirtió que la negativa del CJF pondría en peligro el equilibrio institucional del país. “Cumpliremos la ley suprema, con la Corte o sin ella”, reiteró, aunque no sin reconocer los riesgos de entrar en una confrontación abierta con el Poder Judicial.
El escenario que se avecina es incierto. Si el CJF no entrega la información, el Senado hará “acopio de datos” por su cuenta, según Mier. No obstante, la falta de cooperación de la Corte añade una dimensión de desafío a un proceso que podría ser fundamental para el futuro del sistema de justicia en México.
Bajo la presión del tiempo, los legisladores de Morena, junto con sus aliados, preparan la convocatoria, confiados en que cumplirán con la Constitución, incluso en medio de este pulso con el máximo tribunal del país. “No les va a resultar”, advirtió Mier, dejando claro que el Senado no claudicará.
Entre las sombras del poder y las luces del deber constitucional, la lucha por la reforma judicial parece apenas haber comenzado.