La presión comercial sube: investigaciones por trabajo forzoso podrían traducirse pronto en nuevos gravámenes, sustituyendo recargos temporales anulados.
Estados Unidos prepara un nuevo golpe arancelario: el representante de Comercio, Jamieson Greer, anticipó que en los próximos días el país anunciará aranceles para alrededor de 60 naciones.
La señal no llega al azar. En el trasfondo hay pesquisas activas impulsadas por sus servicios sobre ciertas prácticas comerciales, con foco en el trabajo forzoso. Según lo previsto, las conclusiones se conocerían durante esta semana, lo que acelera la lectura de los mercados y de los socios que dependen del flujo comercial con Washington.
El giro del anuncio adquiere más tensión por el antecedente inmediato. A fines de febrero, la Corte Suprema invalidó buena parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, al considerar que el mandatario hizo una interpretación anticonstitucional de un texto legal para sostenerlos. Aunque esa anulación alcanzó “buena parte” de los recargos, no tocó los aranceles sectoriales, que apuntan de forma particular al sector automotor y también al acero, el aluminio y el cobre.
Después del fallo, el mismo Trump había anunciado aranceles con base en otro marco legal que solo le permitía aplicar el recargo durante un límite máximo de 150 días. Ese límite marcó el carácter temporal de la presión, pero ahora la administración busca reemplazar ese esquema por una vía que pretende sostenerse con mayor continuidad.
Ahí aparece el USTR y su estrategia. Paralelamente, se pusieron en marcha investigaciones con el objetivo de configurar gravámenes de forma más duradera, apoyándose en la misma ley que, hasta ahora, se usa para justificar los aranceles sectoriales. Greer detalló el enfoque con una frase directa: Estados Unidos cuenta con normas que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso; en cambio, según su lectura, la mayoría de los países no tendría una ley equivalente o no la aplicaría de manera efectiva.
Greer remató la idea con expectativa de tiempos cortos: “Esperamos ver algunas acciones pronto”. Esa expectativa funciona como la antesala del anuncio que se asoma “en los próximos días”, con el potencial de afectar a importantes socios comerciales.
La arquitectura de la propuesta ya estaba delineada. A principios de junio, Greer planteó, tras el cierre de esas investigaciones, aranceles de 12.5% para unos 45 países que —de acuerdo con sus servicios— no imponen prohibiciones a la importación de bienes vinculados al trabajo forzoso. Para las economías que sí tienen prohibiciones, pero cuyos esfuerzos para aplicarlas se consideran insuficientes por parte de Washington, se contemplaría una tasa menor: 10%. Entre esos casos se mencionan Canadá, Ecuador, la UE, Indonesia, México y Pakistán.
El esquema también contempla matices: el Reino Unido recibiría una tasa relacionada con una prohibición considerada parcial. En paralelo, el gobierno estadounidense anunció otros aranceles en fechas recientes, elevando el clima de urgencia.
El jueves, Brasil fue sancionado con un 25% sobre una serie de productos. Washington justificó la medida por políticas que, asegura, impactaron de manera particular el comercio estadounidense al reducir el acceso a uno de sus principales mercados de exportación. El lunes, Ottawa recibió un recargo adicional de 50% que entrará en vigor dentro de un mes, explicado como respuesta al trato discriminatorio hacia productos estadounidenses.
La respuesta se ubica también dentro de una disputa más amplia. Greer enmarcó la decisión como réplica a “medidas de represalia” adoptadas por Canadá tras los primeros aranceles impuestos por Washington en 2025, y sostuvo que durante un año se le ha pedido a Canadá retirar, modificar o ajustar esos gravámenes.
Así, la conversación sobre “trabajo forzoso” se convierte en el eje de un nuevo capítulo arancelario. Y mientras los plazos se acortan y los resultados de las investigaciones se aproximan, la pregunta deja de ser teórica: si las acciones esperadas llegan esta semana, la ronda arancelaria que sustituirá a los recargos anulados podría redefinir el equilibrio comercial de múltiples socios en cuestión de días.