El secretario pidió al Senado nuevos fondos: advierte déficits críticos mientras protestas interrumpen su comparecencia por muertos y heridos.
El número más alarmante apareció primero: 37,500 millones de dólares sería el costo acumulado de la guerra con Irán, según estimó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en su comparecencia de este 21 de julio. La cifra cayó en un momento de presión fiscal directa, porque el Congreso deberá decidir cuánto aprueba de asignaciones vinculadas a ese gasto.
Desde el Senado, responsable de repartir entre 25 y 30% del presupuesto federal, Hegseth no habló en abstracto. Su mensaje fue una cuenta regresiva: el Pentágono busca que se autoricen 87,600 mdd adicionales, por encima de los 1.5 billones de dólares que ya planteó el presidente Donald Trump. Y en medio del reclamo presupuestal, colocó la advertencia como eje: sin esos recursos, dijo, se abrirían “déficits críticos”.
Pero la comparecencia no transcurrió en silencio institucional. En diversas ocasiones, manifestantes irrumpieron el acto para confrontar al funcionario, justo en días marcados por otra escalada humana: tres militares estadunidenses habrían muerto más en el conflicto, elevando el total a 17 fallecidos y dejando casi un centenar de heridos.
La tensión también se trasladó a la sala con un reproche frontal: se escuchó una exigencia para detener el bombardeo contra “niños” en Irán y Palestina, y la crítica se formuló como cuestión de legalidad. En paralelo, el conflicto en el terreno muestra otra dimensión del daño: se estima que más de 1,700 civiles iraníes han muerto.
La presión no se limita a los números en un expediente. En el campo de batalla, Estados Unidos e Irán han intensificado agresiones luego de la ruptura de su previo acuerdo de paz. La disputa volvió a encenderse por el control del Estrecho de Ormuz, descrito como una ruta marítima clave para el tránsito de hidrocarburos. Y esa reconfiguración estratégica ya tiene efectos inmediatos: los movimientos del conflicto empujaron alzas en los precios del crudo, amplificando el impacto más allá de la región.
Con consecuencias económicas y un saldo humano que crece, el rechazo ciudadano apareció también como termómetro político. Una encuesta de mayo realizada por The Washington Post, ABC News e Ipsos reportó que 66% de estadounidenses desaprueban el modo en que la administración Trump ha manejado la situación con Irán. En ese contexto, lo presupuestal deja de ser trámite y se convierte en detonante: cada solicitud adicional obliga a escoger entre financiar la escalada o frenar su dirección.
Al final, el mensaje quedó clavado como una advertencia: el costo ya está encima de la mesa y el siguiente paso depende de un voto que, según Hegseth, no puede esperar sin consecuencias.