La presidenta sostiene que los señalamientos vienen de años atrás y que la Fiscalía debe decidir si procede abrir indagatorias.
La discusión sobre Ernesto Ruffo Appel y su presunta vinculación con el Cártel de los Arellano Félix volvió a colocarse en el centro del tablero político y de seguridad. Pero el mensaje principal no fue acusatorio: fue procedural. Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República la que determine si investiga o no los señalamientos que colocan al exgobernador panista de Baja California dentro de un contexto criminal.
En su mañanera, la presidenta ubicó el tema lejos de un impulso reciente. No lo presentó como algo que surgió con el proceso judicial actual contra Ruffo por presunto huachicol fiscal, sino como una acusación de larga data. El punto de arranque del argumento fue contundente: las denuncias existían desde antes. Y, para reforzar esa idea, Sheinbaum llevó el debate hasta 2017, cuando —dijo— Felipe Calderón difundió en redes un planteamiento similar.
Según lo narrado por Sheinbaum, Calderón denunció en 2017 que Ruffo y su hermano habrían entregado Baja California a los Arellano Félix. En esa misma publicación, el expresidente habría señalado que Ruffo carecía de “autoridad moral” y que representaba lo que quedaba del PAN. Sheinbaum retomó ese mensaje como un antecedente: no para cerrar el caso, sino para señalar que hay versiones previas que obligan, como mínimo, a que la instancia correspondiente valore si procede o no una investigación.
Desde esa lógica, la presidenta dio el giro final del pronunciamiento: “ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación”. El planteamiento deja al descubierto un objetivo específico. No es solo discutir lo ocurrido en el pasado; es trasladar la decisión al terreno institucional, con la FGR como filtro de pertinencia. En el mismo sentido, Sheinbaum proyectó la idea de que la acusación no arranca en el presente, sino que se repite bajo narrativas que han estado dando vueltas durante años, incluso a través de medios y publicaciones.
La reconstrucción que hizo Sheinbaum también metió al debate un componente adicional: declaraciones atribuidas a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 1993. Ahí, la presidenta sostuvo que los señalamientos de esa época coincidían con lo que después se dijo sobre Ruffo. De acuerdo con lo expresado en la mañanera, en 1993 “El Chapo” habría declarado ante la Procuraduría General de la República que Benjamín Arellano Félix presumía una cercanía con Ernesto Ruffo, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995.
Sheinbaum añadió que el expediente AP 1132/93 —citado en el relato— recoge esa versión: Guzmán Loera habría asegurado que Ruffo presuntamente brindaba protección al Cártel de Tijuana. Incluso, en el mismo planteamiento, se menciona que habría facilitado credenciales de la policía estatal a integrantes de la organización criminal. El peso de esta parte del argumento no está únicamente en la mención del nombre, sino en lo que, para la presidenta, significan “coincidencias” entre relatos separados por décadas.
Y ahí se ubica el punto de tensión más claro del mensaje: la idea de que varias versiones —una de 2017 y otra atribuida a 1993— convergen en elementos del mismo tipo. Para Sheinbaum, esa cercanía temporal e incluso temática refuerza la necesidad de que la FGR valore si existen elementos suficientes para ampliar investigaciones. En su narrativa, el argumento no busca dictar un resultado; busca justificar que, ante coincidencias, la autoridad investigue.
A esa cadena de antecedentes se sumó un tercer componente. Sheinbaum explicó que en 2012 el entonces diputado priista David Lozano Pérez había pedido investigar a Ruffo por presunto enriquecimiento ilícito. Además, se mencionó que Lozano Pérez habría afirmado que, durante la campaña, Ruffo recibió financiamiento por 500 mil dólares proveniente del grupo criminal de los Arellano Félix.
En conjunto, el pronunciamiento de Sheinbaum arma un expediente narrativo con piezas que no son del mismo momento: 1993, 2012 y 2017. La conclusión política queda definida por una sola ruta: si la Fiscalía considera que es necesario, abriría o ampliaría investigaciones. El mensaje no se queda en el señalamiento; lo convierte en una cuestión de competencia institucional.
Con eso, el caso se vuelve un termómetro: no solo se mide el volumen de acusaciones, sino el umbral de acción. Y en la estrategia comunicativa del gobierno, la presidenta intenta dejar un mensaje claro y directo: las versiones no se desestiman por ser viejas; se canalizan para que la FGR determine si hay elementos que ameriten una investigación adicional.