La Comisión revisó publicaciones con “Cártel de Morena” y detectó posible imputación de delitos falsos sin sustento fáctico.
El INE activó medidas cautelares contra el PRI después de revisar mensajes difundidos desde cuentas ligadas a su dirigencia, en los que se usaron etiquetas para vincular a Morena con actividades del narcotráfico. El golpe no fue simbólico: la Comisión determinó intervenir sobre publicaciones concretas, al considerar que el contenido podría traducirse en imputaciones de hechos o delitos falsos.
El conflicto tomó forma con un lenguaje que, según la denuncia, cruzó la frontera de la crítica política. En el expediente aparecieron términos como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”. Para Morena, esos señalamientos no se sostienen en datos verificables y, aun así, colocan a su proyecto político del lado de la delincuencia organizada.
Tras revisar el material señalado, la Comisión de Quejas y Denuncias consideró procedente dictar medidas cautelares sobre cinco publicaciones difundidas desde cuentas del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, además de otras cuatro publicaciones o reposteos realizados desde la cuenta oficial del partido. En el centro del análisis estuvo la forma del señalamiento: la autoridad electoral estimó que los mensajes podrían constituir imputación de hechos o delitos falsos, precisamente por relacionar a Morena con el narcotráfico sin presentar un sustento fáctico.
En paralelo, Morena intentó ir más lejos. Solicitó una tutela preventiva para evitar que el PRI y su dirigente difundieran mensajes similares en el futuro. Pero la Comisión sostuvo que esa petición dependía de hechos futuros de realización incierta, y por eso la declaró improcedente. Es decir, la intervención se enfocó en lo ya difundido y cuestionado, no en una prohibición anticipada para todo lo que pudiera publicarse después.
Las medidas cautelares, en todo caso, quedan como un freno provisional mientras continúa el procedimiento. No representan una resolución definitiva sobre la existencia de calumnia, pero sí establecen que—por ahora—la autoridad considera que el riesgo que observa en el contenido denunciado amerita una intervención inmediata. El fondo del caso seguirá siendo analizado por las autoridades electorales correspondientes, donde se definirá el desenlace legal.