La medida surge tras una denuncia cívica y se apoya en hechos de protestas y bloqueos que duraron 53 días, con impactos nacionales.
Una orden de aprehensión encendió la alarma judicial en Bolivia: la Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió el mandamiento contra el expresidente Evo Morales, dentro de una investigación que lo vincula con presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
El giro llegó luego de un proceso que arrancó con una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Después, el caso tomó más impulso cuando el Ministerio de Gobierno boliviano se sumó a la acusación e incrementó el peso institucional de la pesquisa. Con ese sustento, la Fiscalía sostiene que Morales habría tenido un rol relevante en la organización e impulso de los bloqueos carreteros que se extendieron por 53 días, afectando el día a día de varias regiones.
No se trata solo de movilizaciones. Según las autoridades, las acciones paralizaron el tránsito y golpearon el abastecimiento de alimentos y combustibles. También mencionan pérdidas económicas considerables, en un contexto de crisis política y económica que atraviesa Bolivia. La secuencia de protestas comenzó en mayo y se prolongó hasta junio, cuando simpatizantes del exmandatario instalaron bloqueos en distintas carreteras del país.
Dentro del expediente, la imputación no se limita a los bloqueos. También se incorporan acusaciones como instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. El argumento central de la Fiscalía apunta a que las movilizaciones habrían puesto en riesgo el funcionamiento del Estado y la seguridad nacional, es decir, no solo habrían alterado rutas y mercancías, sino que habrían comprometido la operación de servicios esenciales.
El punto de mayor tensión aparece en el choque frontal entre el enfoque penal y la lectura política del exmandatario. Apenas se conoció la orden, Evo Morales rechazó las acusaciones y denunció persecución política. Para el expresidente, el proceso judicial busca impedir su participación en la vida pública del país. En esa línea, sostiene que las movilizaciones fueron protestas legítimas y niega haber realizado actos que puedan encajar en categorías como terrorismo o alzamiento armado.
Con la orden ya emitida, la Policía boliviana queda habilitada para ejecutar la detención de Morales si logra ubicarlo. Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades avanzarán con los pasos del proceso penal, en medio de un caso que se apoya en los efectos reportados de los bloqueos y en el papel que la Fiscalía atribuye al exmandatario durante ese tramo crítico entre mayo y junio.
La tensión, entonces, no está únicamente en el documento judicial: está en la narrativa que confronta a la Fiscalía con la defensa política. En el centro, el mismo hecho que marcó a regiones enteras: bloqueos que se extendieron durante 53 días y que, para las autoridades, dejaron consecuencias que ameritan avanzar penalmente.