El despliegue incluyó detenciones, bloqueo financiero y nuevas acciones para desmantelar una estructura señalada por múltiples delitos en Oaxaca.
La ofensiva golpeó dos frentes al mismo tiempo: la operación territorial y el flujo de dinero. En Oaxaca fueron detenidos Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y Carlos Alberto “N”, identificado como “La Parca”. Ambos eran buscados mediante órdenes de captura por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
El arresto ocurrió durante un operativo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. En las acciones también participaron autoridades estatales de Oaxaca.
De acuerdo con las investigaciones citadas, los dos detenidos estarían vinculados con una estructura criminal que habría presionado a comerciantes y empresarios mediante extorsiones y cobros de piso. El expediente también los relaciona presuntamente con narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
La indagatoria apunta además a posibles esquemas de protección que habrían permitido a grupos delictivos mantener sus actividades en la región. Ese elemento coloca el caso más allá de dos detenciones: las autoridades buscan esclarecer cómo habría operado la red y quiénes pudieron facilitar su permanencia.
La Unidad de Inteligencia Financiera intervino otro componente de la estructura. Para limitar su capacidad económica, inmovilizó recursos y bloqueó cuentas pertenecientes a personas relacionadas con la investigación.
El operativo contó con la colaboración del Gobierno de Oaxaca y de su gobernador, Salomón Jara. Las autoridades anunciaron que las acciones continuarán hasta desarticular por completo la organización y ubicar a los demás involucrados.
La investigación permanece abierta. Las próximas detenciones podrían revelar el alcance real de una red que, según la indagatoria, combinaba presión económica, delitos violentos y presunta protección institucional.