El historiador Sean Wilentz describe una red de relaciones políticas y económicas donde el acceso al poder puede traducirse en beneficios privados.
La investigación presentada por el historiador Sean Wilentz coloca bajo la lupa una dinámica que, según su análisis, conecta a Donald Trump con corporaciones, donadores, familiares, operadores financieros y decisiones gubernamentales durante su segundo mandato.
El eje no sería una operación aislada. Wilentz describe un modelo basado en relaciones prolongadas, intercambio de lealtades y cercanía con el centro del poder. En esa estructura, empresas e individuos con intereses ante el Gobierno tendrían incentivos para conservar vínculos favorables con el presidente.
Uno de los episodios señalados comenzó en 2025, cuando la administración de Trump recaudó aportaciones privadas para financiar un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. El costo final se aproximó a 400 millones de dólares. Entre las compañías identificadas como donantes estuvieron Lockheed Martin, Palantir, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Coinbase y Ripple.
Después de esas contribuciones, empresas relacionadas con el proyecto recibieron contratos federales nuevos o ampliados por más de 50 mil millones de dólares. Casi 44 mil millones correspondieron a Lockheed Martin. Al mismo tiempo, algunas enfrentaron revisiones antimonopolio, litigios laborales y procedimientos ante agencias federales.
Wilentz no afirmó que las donaciones hubieran comprado contratos o decisiones regulatorias. Su argumento es distinto: los datos muestran una proximidad entre compañías dependientes de resoluciones oficiales y uno de los proyectos emblemáticos del presidente.
La investigación también cuestiona la capacidad de supervisión del Congreso. El historiador recordó que casos como Teapot Dome y Watergate colocaron a las investigaciones legislativas en el centro de los controles contra la corrupción presidencial. Sin embargo, sostuvo que durante el segundo mandato de Trump la mayoría republicana y el liderazgo de Mike Johnson en la Cámara de Representantes han mostrado escaso interés en revisar los negocios del mandatario y de su familia.
El segundo frente corresponde al control de los organismos reguladores. Wilentz recordó que en 2024 la Corte Suprema concedió a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales relacionados con actos oficiales. Después, en junio de 2026, el tribunal anuló una protección que impedía remover sin causa a integrantes de la Comisión Federal de Comercio.
Ese cambio, según el análisis, fortaleció la capacidad presidencial para influir sobre instituciones cuyas resoluciones pueden afectar a grandes compañías. La tensión aumenta porque Trump y sus familiares conservan intereses privados mientras el Ejecutivo amplía su influencia sobre regulaciones, contratos, aranceles, procesos judiciales, indultos y política exterior.
En ese entorno, Wilentz plantea que empresas y personas alcanzadas por decisiones oficiales pueden establecer relaciones económicas con Trump, su familia o su círculo cercano mediante criptomonedas, inversiones, propiedades y acuerdos comerciales.
El historiador vincula esta lógica con la cultura política y empresarial de Brooklyn, donde empresarios, abogados, políticos y mediadores construían redes de favores y obligaciones. Su conclusión es que Trump habría trasladado ese estilo a la Casa Blanca y lo habría proyectado a escala internacional.
La tesis no depende de demostrar que todos los participantes actuaran de manera ilegal ni de probar una conspiración conjunta. Para Wilentz, bastaría con que los involucrados entendieran las ventajas de mantener una buena relación con quien concentra el poder.