En el pulso tenso de la Ciudad de México, los ecos de la protesta resuenan en los pasillos del Poder Judicial. Los trabajadores, con la determinación grabada en sus rostros, se reúnen frente al Consejo de la Judicatura, clamando por la garantía de sus salarios y prestaciones ante la inminente sombra de la Reforma Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El miércoles, los juzgados y tribunales se declararon inhábiles, una declaración que resuena como un lamento en medio del ruido de la inconformidad. La Asociación Nacional de Magistrados, en una asamblea polarizada, sometió a votación el destino de su lucha, donde la balanza se inclinó entre la reanudación de labores y la persistencia de la resistencia.
Tres sedes del Poder Judicial, en un silencio que retumba, permanecen cerradas: la Revolución, San Lázaro y las Flores. La Ministra Batres, voz de la realidad, señala que el paro ha dejado más de 440 mil juicios en suspenso y miles de audiencias olvidadas. Las promesas de prestaciones, un salvavidas en medio de la tormenta, son negociaciones que amenazan con un alto costo. En este teatro de la justicia, cada decisión es un paso hacia un futuro incierto, un intento por restaurar la voz de quienes, en su búsqueda de justicia, se enfrentan al eco de su propia desesperación.