En el crudo amanecer de un miércoles que parecía cargar con el peso de las verdades ocultas, la Arquidiócesis de Los Ángeles hizo un anuncio que reverberará en la historia de la Iglesia católica en Estados Unidos. Con un acuerdo que alcanza los $880 millones, la arquidiócesis busca cerrar heridas abiertas por el abuso sexual de más de 1,300 menores, un escándalo que ha arrastrado a la institución durante más de dos décadas.
Este acuerdo, el mayor de su tipo con una arquidiócesis católica, se suma a los más de $740 millones ya desembolsados para resolver otras denuncias similares, elevando el total a más de $1,500 millones. Un cifra que, aunque monumental, no puede borrar el sufrimiento de las víctimas que han alzado la voz en busca de justicia.
El arzobispo José Gómez, en un comunicado cargado de pesar, expresó: “Lamento cada uno de estos incidentes, desde el fondo de mi corazón”. Su mensaje, más que una declaración, es un intento de alcanzar a quienes han padecido en silencio. La promulgación de la Ley AB 218, que suspendió el plazo de prescripción para estos delitos, ha sido crucial en la presentación de estas reclamaciones, permitiendo que las voces silenciadas finalmente sean escuchadas.
La complejidad del caso se hace más palpable al recordar que muchas de estas reclamaciones se remontan a más de un cuarto de siglo. El dolor de las víctimas se entrelaza con la historia de la Iglesia, donde figuras como el exsacerdote Michael Baker, quien abusó de al menos 23 jóvenes, han quedado en el ojo del huracán. Su manipulación de los protocolos de tratamiento, revelada en un informe de 2004, es un recordatorio escalofriante de los fallos sistémicos que han permitido tales abusos.
Con la mirada puesta en el futuro, la Arquidiócesis ha afirmado que se han implementado cambios significativos para garantizar la seguridad en parroquias y escuelas. Sin embargo, el eco del pasado sigue resonando, y cada dólar desembolsado no es solo una cifra, sino un testimonio del dolor de aquellos que fueron traicionados en un lugar que debía ser seguro.
El acuerdo no solo busca compensar; también pretende ofrecer un camino hacia la sanación. En un entorno tan complejo y cargado de emociones, la búsqueda de justicia sigue siendo un faro en la neblina de la traición. Las comunidades, marcadas por la herida, ahora miran hacia el futuro con la esperanza de que este acuerdo sea un paso hacia la redención y la protección de los más vulnerables.