En un giro sorprendente que seguramente redefinirá la noción de “independencia judicial”, varios jueces y magistrados de la Ciudad de México han decidido declinar participar en la elección de junio de 2025 establecida por la polémica reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Su noble sacrificio garantiza que, al finalizar su servicio en agosto del próximo año, podrán disfrutar de una merecida indemnización sin las “turbias” influencias del voto popular.
Estos veteranos del juzgado, con más de 25 años de experiencia, afirman que su renuncia es un acto de valentía para mantener la “independencia judicial”. Sin embargo, no cabe duda de que su verdadera motivación es asegurarse de que sus cuentas bancarias permanezcan intactas, todo mientras pintan su retiro como un baluarte contra el poder político.
El magistrado Manuel Bárcena Villanueva, cuya carrera incluye enfrentarse a figuras como Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito, declaró con solemne seriedad: “No nos retiramos por voluntad popular, sino por nuestros conocimientos y rigurosos concursos de oposición”. Claramente, la formación académica y la preparación técnica son los únicos factores que determinan su lealtad, ignorando por completo los intereses personales que los han llevado a este acto heroico.
Juana Fuentes, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), comentó irónicamente: “Declinar fue quitarse un peso de imposición”. Sin duda, una metáfora perfecta para describir cómo liberarse de la responsabilidad de una elección democrática es, en realidad, una estrategia brillante para evitar cualquier posible inconveniente que pudiera surgir de su retirada voluntaria.
El juez Gerardo Genaro Alarcón, del Centro de Justicia Penal Federal, reafirmó su compromiso con la Constitución mientras lucha contra su propio destino laboral: “Es complicado, pero para eso protesté un cargo ante la Corte”. Sin duda, un testimonio inspirador de cómo los jueces pueden defender la Carta Magna mientras maniobran para proteger su posición personal.
Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública con 33 años en el PJF, agregó con una sonrisa: “La inamovilidad es una garantía judicial, pero es una garantía en favor de las personas”. Por supuesto, esta “garantía” se traduce claramente en una protección a sus propios intereses, asegurando que no se vean obligados a enfrentar las consecuencias de una reforma que podría haberles obligado a rendir cuentas ante el pueblo.
En resumen, estos jueces y magistrados han encontrado la manera perfecta de “defender” la independencia judicial: evitando participar en elecciones que podrían comprometer su estatus y asegurándose una indemnización sin mover un dedo. Mientras la Corte Suprema revisa la constitucionalidad de la reforma, estos guardianes del Estado de Derecho demuestran que, a veces, la verdadera independencia radica en saber cuándo retirarse estratégicamente.