Toluca, Edomex. (apro).- Con 20 votos en contra de los partidos PRI, PAN, PRD y MC, la Legislatura del Estado de México se convirtió en la primera entidad del país en aprobar su reforma judicial estatal. Aunque los estados tienen hasta marzo para realizar ajustes, la premura en el Estado de México responde a la convocatoria del Poder Judicial mexiquense para designar a su nuevo presidente en enero de 2025 mediante el voto de los magistrados actuales, y no por voto popular. La oposición acusó que la reforma subyuga al Judicial estatal a los otros dos Poderes y no mejora la impartición de justicia en la entidad.
Con la aprobación de 54 legisladores de Morena, PT y PVEM, los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado serán electos por sufragio directo y secreto de la ciudadanía en las elecciones estatales ordinarias. Las modificaciones también establecen que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) fue convocado a sesión extraordinaria para el 7 de enero, con el objetivo de elegir al próximo presidente. Los diputados locales determinaron que el presidente electo tenga el carácter de interino hasta que el presidente electo por voto popular asuma el cargo en septiembre próximo. La Legislatura podrá remover al presidente interino si su desempeño obstaculiza la reforma judicial.
La nueva norma será inimpugnable, y los jueces y magistrados electos durarán en su encargo nueve años, con posibilidad de reelección. La Legislatura convocará a la elección el 1 de junio de 2025. Cada Poder podrá postular hasta dos aspirantes para cada cargo de magistrados y jueces, y hasta tres para el Tribunal de Disciplina Judicial. Un Comité de Evaluación evaluará a los aspirantes y los insaculará para ajustarlos al número de postulaciones, observando la paridad de género.
El Instituto Electoral del Estado de México organizará el proceso electivo y podrá solicitar una ampliación presupuestal. Los candidatos tendrán acceso a radio y televisión de manera igualitaria para promocionarse, y podrán participar en foros de debate en condiciones de equidad. Estará prohibido el financiamiento público o privado para campañas, y los partidos políticos y servidores públicos no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas será de 35 días y no habrá precampañas.
Los aspirantes deben tener título de licenciatura en derecho, haber obtenido un promedio general de al menos ocho puntos, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso. Los magistrados deberán contar con práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura, y no haber ocupado ciertos cargos en el Estado durante el año previo a la convocatoria. Tampoco podrán integrar un Juzgado, Sala del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano de Administración Judicial, dos o más parientes por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, colateral dentro del cuarto grado, o por afinidad dentro del segundo o cónyuges.