La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue interceptada violentamente este jueves y liberada minutos después, según denunció su partido. Machado había reaparecido en las marchas de protesta contra la toma de posesión de Nicolás Maduro, prevista para este viernes, marcando su regreso a las calles tras meses en la clandestinidad debido a la ola de detenciones de ciudadanos y dirigentes opositores.
Durante su discurso ante miles de simpatizantes en Caracas, Machado declaró: “Lo que hagan mañana sentencia el final del régimen. Estamos a partir de hoy en una nueva fase”. Sin embargo, minutos después de finalizar su intervención, su partido, Vente Venezuela, informó en la red social X que la dirigente fue “violentamente interceptada” por cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente, se anunció su liberación.
El ministro de Información, Freddy Ñáñez, difundió un video en el que se ve a Machado afirmando que está bien y libre. Ñáñez calificó las informaciones sobre la detención de Machado como una “distracción mediática” debido a la “pobre asistencia” en las protestas.
Machado enfrenta acusaciones de “traición a la patria” y la amenaza de ser detenida persiste. Edmundo González, candidato de la oposición en las elecciones del 28 de julio, exigió en su cuenta de X la liberación inmediata de Machado y advirtió a los cuerpos de seguridad que no jueguen con fuego.
El gobierno de Maduro respondió con un amplio operativo de seguridad, instalando puestos de control para disuadir las concentraciones opositoras. La oposición reivindica el triunfo de González en las elecciones del 28 de julio con el 70% de los votos, aunque el Consejo Nacional Electoral, afín al oficialismo, declaró ganador a Maduro sin publicar los resultados.
Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de la región cuestionaron la victoria de Maduro y algunos reconocen a González como presidente. A pesar de ello, Maduro asumirá un tercer mandato este viernes en una ceremonia en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, dominado por el chavismo.
Las protestas de la oposición en Maracaibo y Maracay fueron rápidamente dispersadas por funcionarios policiales y militares, mientras que en Valencia se utilizaron bombas lacrimógenas. Los partidarios de la oposición también se reunieron en San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia.
Maduro cuenta con el respaldo del alto mando militar y los cuerpos de inteligencia, mientras que González, quien abandonó el país en septiembre por amenazas de arresto y se instaló en España, emprendió una gira internacional en busca de apoyo.
Tras el anuncio del triunfo de Maduro hace cinco meses, estallaron manifestaciones en las que fueron detenidas unas 2.000 personas, según el gobierno. González ha prometido regresar a Venezuela para asumir el mandato como presidente, aunque no ha explicado cómo lo hará.
El fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtieron que González será arrestado si regresa al país. Las autoridades venezolanas incluso ofrecieron una recompensa de US$100.000 por su captura.
En septiembre, González se instaló en España y actualmente está en una gira que lo llevó a Argentina y Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Como parte de las presiones en su contra, González denunció el “secuestro” de su yerno, Rafael Tudares, junto con una serie de detenciones de activistas y dirigentes opositores.
Las detenciones también ocurrieron en el interior del país, con opositores arrestados en el estado Bolívar y en el estado Trujillo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado estas detenciones. El gobierno de Maduro ha reforzado la presencia policial y militar en Caracas, especialmente en las áreas cercanas al Palacio presidencial de Miraflores y el Palacio Federal Legislativo.
Decenas de uniformados recorren las calles de la ciudad diariamente, y la vigilancia en instalaciones clave como el Metro de Caracas y las autopistas ha aumentado. Estas medidas forman parte del “despliegue por la seguridad” anunciado por el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), el oficial, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por violar derechos humanos, aseguró que 1.200 uniformados adicionales están en las calles. El DGCIM, junto al Sebin y el Ejército, ha sido señalado por instancias internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.