El panorama migratorio en Puerto Rico ha dado un giro drástico con la implementación de operativos de deportación que se llevarán a cabo en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales. La medida, que obedece a una orden del presidente Donald Trump, será ejecutada por el Homeland Security Investigations (HSI), bajo la dirección de Rebecca González, quien lidera la agencia en la isla y el Caribe.
González hizo un llamado a los residentes con estatus migratorio regular a portar sus documentos en todo momento, subrayando que las autoridades federales no realizarán intervenciones basadas en perfil racial. La directora detalló que, a pesar de que los operativos no fueron específicamente sobre cuántas personas fueron detenidas, se mencionó que menos de 100 individuos fueron arrestados en el primer operativo, con el objetivo de enviarlos a centros de detención en el territorio continental de EE. UU. para su posterior deportación.
Aunque reconoció que una persona detenida en la operación contaba con un estatus migratorio regular y fue liberada, González enfatizó que el gobierno local de Puerto Rico no tiene control sobre estas acciones, ya que se están llevando a cabo bajo un mandato presidencial.