En un giro que parece sacado de un manual de tácticas autoritarias, Donald Trump ha revivido una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), para justificar lo que podría convertirse en la operación de deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos. Esta norma, creada en 1798 durante un clima de guerra, otorga al presidente poderes casi ilimitados para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países considerados “enemigos”. Ahora, Trump planea usarla no contra soldados enemigos, sino contra migrantes desesperados que buscan refugio en suelo estadounidense.
En su discurso inaugural de su segundo mandato, Trump dejó claro que su guerra no es solo contra los migrantes que llegan a la frontera sur, sino también contra los más de 11 millones de personas que viven en EEUU sin estatus migratorio legal. “Nuestro gobierno no protege a nuestros ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero sí brinda refugio y protección a criminales peligrosos que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo”, declaró, mientras prometía enviar tropas a la frontera para “repeler la desastrosa invasión”.
La Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para encarcelar a más de 30.000 personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana, ahora podría ser invocada para deportar a miles de migrantes, especialmente de origen latinoamericano. Según Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, esta ley le daría a Trump un poder ejecutivo “muy amplio y sin restricciones”, permitiéndole agilizar las deportaciones sin procesos legales ni apelaciones.
El vicepresidente JD Vance ya ha insinuado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas, y los venezolanos parecen estar en la mira. Katherine Yon Ebright, abogada del Centro Brennan para la Justicia, advierte que Trump podría usar la ley para ordenar la detención y expulsión de venezolanos mayores de 14 años, incluidos residentes permanentes, bajo el pretexto de que representan una “amenaza”. Esto, a pesar de que no se requerirían pruebas concretas para justificar tales acusaciones.
Pero la Ley de Enemigos Extranjeros no es la única herramienta en el arsenal de Trump. Durante su primer mandato, ya recurrió al Título 42, una ley de salud pública, para expulsar a migrantes bajo el pretexto de la pandemia. Ahora, con esta nueva estrategia, Trump busca criminalizar aún más a los migrantes, equiparándolos con soldados enemigos en tiempos de guerra.
Sin embargo, los obstáculos legales son significativos. EEUU no está en guerra abierta con ningún país, y sería difícil argumentar que la migración constituye una “invasión hostil”. Además, como señala César Cuauhtémoc García Hernández, especialista en estudios migratorios, “vivir en EEUU sin documentación no es un delito penal, es una violación civil administrativa”. Aún así, la retórica de Trump ha logrado transformar la percepción pública, presentando a los migrantes no como una fuerza laboral que contribuye a la economía, sino como una amenaza criminal.
Lo más preocupante es que esta estrategia no solo afectará a los migrantes indocumentados, sino que también sentará un peligroso precedente para el futuro. Si Trump logra invocar esta ley, estaría abriendo la puerta a un sistema en el que los derechos básicos de los migrantes pueden ser ignorados en nombre de la “seguridad nacional”.
Mientras Trump promete que “el sueño americano pronto volverá”, para millones de personas en América Latina, ese sueño se aleja cada vez más. La última palabra, como siempre, la tendrá la Corte Suprema, pero el mensaje es claro: en la EEUU de Trump, los migrantes son el enemigo.