La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este jueves un decreto que refuerza la defensa de la soberanía nacional y establece límites claros frente a cualquier tipo de intervención extranjera. Este decreto, que modifica los artículos 40 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca blindar al país contra injerencias externas y fortalecer la lucha contra el tráfico ilegal de armas.
En conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el decreto establece que México no aceptará intervenciones, intromisiones o actos extranjeros que afecten la integridad, independencia y soberanía del país. Esto incluye golpes de Estado, injerencias en elecciones o violaciones del territorio mexicano por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Además, se añade un párrafo que prohíbe cualquier investigación o persecución extranjera sin la autorización expresa del Estado mexicano.
Por otro lado, el decreto reforma el artículo 19 para imponer las penas más severas posibles, incluyendo prisión preventiva oficiosa, a quienes participen en la fabricación, distribución o introducción ilegal de armas en el país. Esta medida busca combatir el tráfico de armas, especialmente aquellas que provienen de Estados Unidos, donde el 74% de las armas utilizadas por la delincuencia organizada en México tienen origen ilegal, según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE.UU.
Sheinbaum enfatizó que, aunque México colabora y se coordina con Estados Unidos en temas de seguridad, no aceptará subordinación, injerencismo o invasión. “Con México es colaboración y cooperación, nunca subordinación”, afirmó. También anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ampliará la demanda contra productoras y distribuidoras de armas en EE.UU. por complicidad en el tráfico ilegal.
La presidenta reiteró que México es un país libre, independiente y soberano, y que cualquier acción internacional debe respetar su marco constitucional y legal. “Nosotros no negociamos la soberanía”, subrayó. El decreto fue firmado al final de la conferencia en compañía de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, y la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez.