En un fallo que ha resonado en los pasillos del poder en Washington, la jueza federal del Distrito de Columbia, Loren AliKhan, emitió este martes una orden preliminar que bloquea indefinidamente los intentos de la administración Trump de congelar subvenciones y préstamos federales. Esta decisión judicial representa un revés significativo para los esfuerzos del presidente Donald Trump por realinear el gasto gubernamental con su agenda política.
La jueza AliKhan no dejó lugar a dudas en su fallo, calificando la congelación de fondos como “irracional, imprudente y precipitó una crisis nacional”. En su escrito, AliKhan destacó que la medida de la administración Trump, que buscaba pausar hasta 3 billones de dólares en gasto federal prácticamente de la noche a la mañana, estaba “mal concebida desde el principio”. “La amplitud de esa orden es casi incomprensible”, afirmó la jueza.
El caso fue impulsado por una coalición de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo el Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, SAGE (una organización pro-LGBTQ para adultos mayores), la Asociación Estadounidense de Salud Pública y el grupo de pequeñas empresas Main Street Alliance. Estas organizaciones, representadas por Democracy Forward, una firma legal de tendencia izquierdista, argumentaron que la congelación de fondos era parte de un esfuerzo más amplio de la administración para reformar drásticamente el gobierno federal.
Kevin Friedl, abogado de los demandantes, declaró durante una audiencia que la administración estaba utilizando la retención de fondos como un “garrote” para avanzar en su agenda. “Es una prioridad administrativa terminar con la concienciación, y están respaldando eso con este garrote de retener miles de millones, tal vez billones, en fondos”, dijo Friedl.
La jueza AliKhan ya había bloqueado previamente la suspensión de desembolsos mientras consideraba emitir una orden judicial preliminar. En su decisión final, afirmó que los demandantes habían “cumplido con creces su obligación” de obtener más ayuda. Este fallo se suma a los desafíos legales que han marcado las primeras semanas del segundo mandato de Trump, donde la retención de fondos federales se ha convertido en un punto de conflicto clave.