En un hecho que ha sacudido al sistema de justicia y al sector inmobiliario, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reveló una extensa red de corrupción que despojó ilegalmente de sus viviendas a 249 mil derechohabientes. Durante la conferencia matutina “La Mañanera”, Romero Oropeza detalló cómo esta operación fraudulenta involucró a jueces, despachos de abogados y personal de los poderes judiciales locales, quienes coludieron para promover juicios masivos ilegales sin notificar a los afectados. Estos juicios, muchos de los cuales se llevaron a cabo en entidades distintas a donde residían los demandados, generaron pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a una veintena de despachos de abogados.
El director del Infonavit explicó que esta red operaba bajo un esquema de corrupción que permitía despojar a los derechohabientes de sus viviendas, incluso cuando muchos estaban al corriente en sus pagos. Las primeras alertas surgieron durante el sexenio pasado, cuando se detectaron irregularidades en Nayarit, lo que llevó a la suspensión de los juicios masivos. Sin embargo, la investigación posterior reveló que a nivel nacional 373 mil derechohabientes fueron demandados, de los cuales 249 mil perdieron sus viviendas. Además, 202 mil de estas propiedades no pueden ser escrituradas debido a la ilegalidad de los juicios.
Romero Oropeza denunció que, a pesar de las órdenes del presidente López Obrador para detener estos juicios, la red de corrupción continuó operando. En la Ciudad de México, por ejemplo, el juzgado 60 de lo civil recibió denuncias a un ritmo de 4 mil juicios al mes, mientras que el resto de los 75 juzgados en la entidad promediaban apenas 14 casos mensuales. Esto llevó a la presentación de denuncias penales contra funcionarios judiciales y nueve despachos de abogados, entre los que destaca el despacho Desnor, vinculado a un representante de la Coparmex.