El Gobierno de México se encuentra inmerso en una intensa disputa legal con la empresa estadounidense Vulcan Materials por la explotación de una mina en Calica, Quintana Roo. El conflicto, que ha escalado a nivel internacional, se centra en las prácticas de la compañía, que, según las autoridades mexicanas, expandió su zona de explotación sin autorización, causando un grave impacto ambiental en cenotes y acuíferos de la región.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, ha sido clara en su postura: “Nunca hubo expropiación. Las tierras son de ellos, pero el problema es que se salieron completamente del área de explotación autorizada, afectando recursos naturales vitales”. Esta situación llevó al expresidente Andrés Manuel López Obrador a declarar, en septiembre de 2024, la zona como área natural protegida, ahora conocida como Felipe Carrillo Puerto, que abarca más de 53,000 hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel.
Vulcan Materials, por su parte, no ha permanecido callada. La empresa demandó a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, alegando que el país violó sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La compañía exige una compensación de 1,529 millones de dólares, argumentando incumplimiento de compromisos establecidos en un Memorándum de Entendimiento de 2014.
México, sin embargo, sostiene que la empresa actuó fuera de los límites de su autorización ambiental. “Ninguna firma puede violar esos permisos. Vulcan amplió su zona de explotación, causando un grave impacto ambiental”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. El tribunal internacional deberá decidir si México incumplió sus obligaciones, mientras el país defiende su derecho a proteger su territorio y recursos naturales.
Esta disputa no es nueva. Desde hace años, Vulcan Materials ha estado en el ojo del huracán por sus prácticas en la región. La declaración de área protegida en 2024 marcó un punto de inflexión, pero la batalla legal continúa, con implicaciones tanto ambientales como económicas para ambas partes.