En el corazón de Teuchitlán, una región agrícola ubicada a una hora de Guadalajara, emerge un oscuro secreto que desnuda la crueldad del crimen organizado en México. El Rancho Izaguirre, controlado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, se convirtió recientemente en el epicentro de una investigación impactante liderada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Entre los restos calcinados, prendas abandonadas y cartas de despedida, emergió la verdad: este lugar funcionaba como un centro de reclutamiento forzado y exterminio. Jóvenes eran sometidos a entrenamientos coercitivos para integrarse a los comandos criminales. Pese a que las autoridades tenían conocimiento del predio desde mediados de septiembre, sus investigaciones no arrojaron resultados comparables a los obtenidos por los ciudadanos activistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con indignación ante los hechos, señalando fallos graves en la actuación oficial. “¿Por qué no resguardaron el lugar?”, cuestionó, exigiendo respuestas claras. Mientras tanto, el fiscal general Alejandro Gertz anunció una investigación federal para determinar si el caso pasará al ámbito nacional o quedará bajo jurisdicción local. Este descubrimiento pone en evidencia la lucha diaria de colectivos civiles contra la impunidad y la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema judicial mexicano.
