En un giro inesperado, la administración Trump ha desmantelado completamente el centro de detención para migrantes en la Estación Naval de Guantánamo, Cuba. Según confirmaron fuentes del Departamento de Defensa, los últimos 40 migrantes detenidos allí, incluidos 23 clasificados como de “alta amenaza,” fueron trasladados de vuelta a Estados Unidos en una aeronave no militar bajo órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El proyecto, anunciado con bombos y platillos como una solución para albergar hasta 30,000 inmigrantes, nunca logró despegar realmente. Desde que Trump asumió el cargo, menos de 300 personas llegaron a Guantánamo, una cifra insignificante frente a las expectativas iniciales. Los obstáculos logísticos, legales y financieros jugaron en contra, además de generar serias críticas por la falta de claridad sobre quién lideraba la iniciativa y qué destino tendrían los detenidos.
El pasado mes trajo movimientos significativos: 177 venezolanos fueron repatriados forzosamente a su país de origen, mientras que otros 48 migrantes fueron enviados a Luisiana. Sin embargo, lo más relevante ha sido la presión legal ejercida por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que han denunciado la falta de acceso legal para los migrantes detenidos en la base militar.
Un tribunal federal tiene previsto escuchar este viernes los argumentos relacionados con estas demandas, incluyendo una solicitud para bloquear el traslado de 10 migrantes detenidos en EE.UU. hacia Guantánamo. Mientras tanto, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han emitido declaraciones oficiales sobre el tema, citando “litigios pendientes.”
Este episodio refleja las dificultades inherentes a intentar implementar políticas migratorias extremas en un contexto de resistencia legal y operativa. ¿Qué sucederá ahora con los migrantes retornados? Las próximas semanas podrían revelar si esta medida marca el fin definitivo del controvertido plan de Guantánamo.