En el corazón de San Lázaro, donde las batallas políticas se libran con propuestas y discursos, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) han encendido un debate que desnuda una de las heridas más profundas de México: las desapariciones forzadas vinculadas al crimen organizado. La propuesta es contundente: castigar con 140 años de cárcel a cualquier funcionario implicado en la desaparición de personas. Una medida radical, pero necesaria, según sus impulsores, ante la creciente sospecha de la existencia de “narcopolíticos”.
El coordinador de la bancada panista, Elías Lixa, no dudó en señalar con firmeza la falta de compromiso del gobierno actual. “Más de mil millones de pesos se han dejado de ejercer con este gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas”, denunció durante su intervención. Su voz resonó en el recinto legislativo como un eco de las demandas de miles de familias que claman justicia por sus seres queridos. Sin embargo, la propuesta de crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas fue pospuesta por Morena, argumentando la necesidad de priorizar otras iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La agenda del PAN no se detiene ahí. Conscientes de que el narcoreclutamiento es una de las raíces del problema, la diputada Tania Palacios presentó una iniciativa para reformar la Constitución, buscando proteger a menores de edad de caer en las redes del crimen organizado. “Tenemos niñas, niños y adolescentes en carreras criminales en lugar de carreras profesionales”, expresó con preocupación. Sus palabras reflejan una realidad alarmante: el reclutamiento forzado de jóvenes se ha convertido en una estrategia común de los cárteles para expandir sus operaciones.
Por su parte, el legislador Héctor Saúl subrayó la magnitud del problema con una comparación escalofriante: “Hay más gente en el crimen organizado que en la nómina de Oxxo y de Pemex. Las personas desaparecidas alcanzan para llenar el Estadio Azteca, así de grave es el problema”. Sus palabras no solo evidencian la crisis humanitaria, sino también la urgencia de actuar antes de que el país pierda aún más generaciones.
Como un gesto simbólico pero significativo, el PAN propuso inscribir a las Madres Buscadoras en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Estas mujeres, quienes día tras día enfrentan el dolor de la incertidumbre, han sido un faro de resistencia y esperanza en medio de la tragedia. Reconocer su labor es un paso hacia la reconciliación, pero queda claro que el verdadero desafío es transformar estas propuestas en acciones concretas.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. ¿Serán suficientes estas iniciativas para frenar la violencia y devolver la paz a las familias mexicanas? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que el clamor por justicia no cesará hasta que cada persona desaparecida regrese a casa.