En un movimiento político audaz y polémico, el presidente Donald Trump anunció la firma de una orden ejecutiva destinada a reducir drásticamente el Departamento de Educación federal, con el objetivo final de eliminarlo por completo. Durante un evento en la Casa Blanca, rodeado de estudiantes, maestros y gobernadores, Trump argumentó que esta medida busca “devolver el control educativo a los estados”, asegurando que la burocracia federal ha fracasado en mejorar los resultados académicos de los estudiantes estadounidenses.
“Mi administración tomará todas las medidas legales para cerrar este departamento lo antes posible”, declaró Trump, aunque reconoció que la decisión dependerá en última instancia del Congreso. Según datos presentados por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, más de tres billones de dólares han sido gastados en el Departamento desde su fundación en la década de 1970, sin lograr avances significativos en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias.
La orden ejecutiva instruye a Linda McMahon, funcionaria designada, a minimizar considerablemente la agencia mientras se redistribuyen programas esenciales, como las Becas Pell y el apoyo a estudiantes con discapacidades, hacia otras entidades federales. Sin embargo, líderes demócratas han reaccionado con vehemencia contra esta propuesta. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, calificó la acción como “una de las decisiones más destructivas y devastadoras tomadas por Trump”. Adriano Espaillat, líder del Caucus Hispano, expresó preocupación por cómo esta medida pondría en peligro la igualdad de acceso a la educación para minorías y personas vulnerables.
El debate ahora se traslada al Congreso, donde los republicanos enfrentan un desafío numérico: necesitan 60 votos en el Senado para aprobar tal cierre, algo improbable sin apoyo bipartidista. Mientras tanto, expertos legales sugieren que la orden ejecutiva podría enfrentar desafíos judiciales si intenta implementarse unilateralmente.
Esta iniciativa refleja una visión profundamente polarizada sobre el papel del gobierno federal en la educación, con un lado defendiendo la autonomía estatal y el otro advirtiendo sobre las consecuencias de debilitar las protecciones educativas nacionales.