El anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a los vehículos y autopartes importados en Estados Unidos ha puesto a México en una encrucijada económica y política. La presidenta Claudia Sheinbaum, con un tono mesurado pero firme, aseguró que la respuesta oficial de su gobierno llegará después del 2 de abril, fecha marcada como el “Día de la Libertad” por el mandatario estadounidense. Este episodio no solo refleja las tensiones comerciales entre ambos países, sino también las profundas desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan las economías dependientes de las decisiones de potencias globales.
La industria automotriz, motor económico de México, está en el ojo del huracán. Representando casi un 4% del PIB nacional y más del 20% del PIB manufacturero, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), este sector es vital para millones de empleos y familias mexicanas. Sin embargo, las medidas anunciadas por Trump amenazan con alterar drásticamente este panorama. Rogelio Garza, presidente de la AMIA, reconoció que la industria enfrenta un “impasse”, un cambio de modelo operativo que podría tener consecuencias devastadoras si no se logra un acuerdo favorable.
Sheinbaum, consciente de la magnitud del desafío, ha optado por una estrategia de negociación cuidadosa. En lugar de responder de inmediato, busca una solución integral que aborde tanto los aranceles al acero y aluminio como las nuevas medidas contra los vehículos. “Todavía hay espacio de pláticas, de colaboración, de negociación”, afirmó, destacando la comunicación privilegiada que México mantiene con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Esta relación, aunque estratégica, también expone las asimetrías de poder entre ambos países.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha sido el rostro visible de estas negociaciones desde Washington. Su objetivo es claro: lograr un “trato preferente” para México dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según Ebrard, la prioridad es proteger los empleos y garantizar que la industria automotriz no colapse bajo el peso de los nuevos gravámenes. Sin embargo, esta tarea no es sencilla. La incertidumbre generada por los aranceles ya ha provocado pronósticos sombríos, como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que vislumbra una posible recesión para México.
El discurso oficial mexicano insiste en que el T-MEC prohíbe los aranceles entre sus miembros, pero las excepciones y cláusulas especiales introducidas por Trump complican el panorama. Para muchos analistas, estas medidas son un recordatorio de cómo las políticas proteccionistas pueden afectar desproporcionadamente a las economías más vulnerables. Mientras Estados Unidos busca reforzar su producción interna, México lucha por mantener su posición en una cadena de suministro global cada vez más fragmentada.
Las comunidades afectadas, especialmente aquellas que dependen directamente de la industria automotriz, observan con preocupación el desarrollo de estas negociaciones. Para ellas, la posibilidad de perder empleos o enfrentar recortes salariales no es un escenario abstracto, sino una amenaza inminente. En este contexto, las promesas de Sheinbaum de proteger los ingresos y actividades económicas nacionales resuenan como un llamado a la esperanza, pero también como un recordatorio de las limitaciones estructurales que enfrenta el país.
El caso de los aranceles de Trump no solo pone en jaque la economía mexicana, sino que también cuestiona las dinámicas de poder en el comercio internacional. ¿Es posible construir un sistema más equitativo, donde las economías emergentes no sean meras piezas de un tablero diseñado por las potencias? Esta pregunta, aunque implícita, subyace en cada declaración oficial y en cada reunión diplomática.