Elon Musk y el DOGE obtienen acceso a datos sensibles de inmigrantes en un controvertido movimiento gubernamental

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En un episodio que ha generado preocupación entre expertos en privacidad y derechos civiles, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado temporalmente por Elon Musk, recibió permiso para acceder a un sistema altamente sensible del Departamento de Justicia de EE.UU. Este sistema, conocido como ECAS (Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración), contiene información detallada sobre millones de inmigrantes legales e indocumentados que han interactuado con el sistema de inmigración estadounidense.

Según documentos obtenidos por The Washington Post , un equipo de cerca de media docena de asesores del DOGE tendrá acceso a los nombres, direcciones, testimonios ante cortes de inmigración e historias clínicas de estos individuos. También incluye sus interacciones con las fuerzas del orden, lo que podría ser utilizado para avanzar en los agresivos esfuerzos de deportación impulsados por la administración Trump. Expertos señalan que este acceso representa el último intento del gobierno por profundizar en bases de datos federales para identificar y localizar a inmigrantes indocumentados.

Esta no es la primera vez que el DOGE busca información sensible. La semana pasada, el departamento solicitó acceso a bases de datos del sistema de salud pública de EE.UU., argumentando que esta información ayudaría a las autoridades de inmigración a localizar a personas sin estatus legal. Sin embargo, estas acciones han sido ampliamente criticadas por grupos defensores de la privacidad y derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones masivas de datos personales.

El mes pasado, una jueza federal bloqueó temporalmente el acceso del DOGE a los registros de millones de estadounidenses en los sistemas de la Seguridad Social. Estos registros contienen información extremadamente delicada, como números de la Seguridad Social, historiales médicos y de salud mental, datos fiscales, domicilios particulares y laborales, así como registros de nacimiento, matrimonio e inmigración. La orden judicial fue emitida tras una demanda que argumentaba que otorgar acceso sin restricciones a estas bases de datos podría poner en peligro la privacidad de millones de ciudadanos y trabajadores extranjeros certificados.

La escala a la que el DOGE busca interconectar datos, incluidos datos biométricos sensibles, nunca se ha intentado antes en la historia de EE.UU. Esto ha generado alarma entre expertos en seguridad cibernética y defensores de derechos civiles, quienes temen que este acceso pueda ser utilizado para crear perfiles detallados de individuos, aumentando el riesgo de abusos y discriminación. “Estamos hablando de un nivel de vigilancia sin precedentes”, declaró un experto en privacidad digital consultado por The Washington Post . “Si este tipo de acceso no está regulado correctamente, podría tener consecuencias devastadoras para la privacidad y los derechos fundamentales”.

El acceso a estos sistemas sensibles también plantea preguntas sobre la influencia de Elon Musk en el gobierno y su papel en la gestión de datos federales. El empresario, conocido por su estilo disruptivo y su visión tecnológica, ha sido criticado en múltiples ocasiones por priorizar la eficiencia sobre la ética. Ahora, su participación en el DOGE ha generado un debate sobre si su enfoque empresarial es compatible con la protección de los derechos de los ciudadanos y los inmigrantes.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han pedido transparencia y supervisión rigurosa para evitar que estos datos sean utilizados de manera indebida. “Estamos ante una situación sin precedentes”, afirmó un representante de una organización civil. “El acceso a esta información podría poner en riesgo la seguridad de millones de personas, especialmente de aquellos que ya son vulnerables dentro del sistema de inmigración”.

Con cada paso que da, el DOGE parece estar expandiendo su alcance en áreas que históricamente han estado protegidas por fuertes salvaguardas legales. Sin embargo, las críticas y preocupaciones continúan creciendo, dejando en el aire la pregunta sobre si esta estrategia será sostenible a largo plazo o si generará más problemas que soluciones.

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