En un nuevo capítulo de su cruzada contra las políticas migratorias, el presidente Donald Trump anunció este lunes la firma de una orden ejecutiva destinada a contrarrestar las jurisdicciones conocidas como “ciudades santuario”, que protegen a inmigrantes indocumentados. Durante una conferencia en la Casa Blanca, una portavoz destacó que esta medida busca “proteger a las comunidades estadounidenses de los delincuentes extranjeros” y fortalecer la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La nueva orden ejecutiva instruye al secretario de Seguridad Nacional, Tom Homan, y a la Fiscalía General de la Nación para que publiquen una lista de jurisdicciones estatales y locales que se consideren “obstáculos” a la aplicación de estas leyes. Según la administración Trump, estas jurisdicciones han permitido que inmigrantes indocumentados con antecedentes penales permanezcan en sus comunidades, poniendo en riesgo la seguridad pública. Este anuncio llega en el marco de los primeros 100 días del gobierno republicano, marcado por una agenda dura en materia de inmigración.
El concepto de “ciudades santuario” surgió en la década de 1980, cuando iglesias del suroeste de Estados Unidos comenzaron a ofrecer refugio a refugiados centroamericanos que huían de conflictos políticos. Hoy, decenas de estados y localidades, incluidas urbes como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta, mantienen políticas que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas políticas buscan reducir la colaboración en detenciones y deportaciones, argumentando que separar familias y criminalizar a inmigrantes no es la solución.
Chicago, en particular, ha sido uno de los epicentros de resistencia contra las medidas de Trump. La ciudad cuenta con algunas de las protecciones más sólidas para migrantes dentro del movimiento santuario. Sin embargo, desde febrero pasado, la administración federal demandó al estado de Illinois para bloquear estas políticas y retuvo recursos federales dirigidos a las jurisdicciones santuario. Ahora, Trump busca expandir esta estrategia legal para desmantelar iniciativas similares en otros estados y condados.
Además de la publicación de la lista de jurisdicciones santuario, Trump firmará otra directiva para fortalecer el despliegue de fuerzas del orden público en todo el país. Según la portavoz de la Casa Blanca, esta medida tiene como objetivo “perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes”. El secretario Tom Homan también reveló que, en un futuro cercano, Estados Unidos podría utilizar instalaciones militares, como Fort Bliss en Texas, para retener a migrantes indocumentados mientras se procesan sus casos.
Este anuncio forma parte de una serie de órdenes ejecutivas emitidas por Trump, quien ya suma más de 140 iniciativas de este tipo en sus primeros meses de gobierno. Según la administración, este ritmo lo acerca rápidamente al número total de órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Joe Biden durante sus cuatro años en la Casa Blanca.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado duramente estas medidas, argumentando que criminalizan a comunidades vulnerables y perpetúan el miedo entre los inmigrantes. Para ellos, estas acciones representan un retroceso en la protección de los derechos fundamentales y un ataque directo a la diversidad cultural que define a Estados Unidos.
Con esta nueva ofensiva, Trump reafirma su postura de línea dura en materia de inmigración, consolidándose como uno de los presidentes más polémicos en la historia reciente del país. Mientras tanto, las tensiones entre el gobierno federal y las jurisdicciones santuario continúan escalando, dejando en el aire el destino de millones de inmigrantes indocumentados que buscan refugio en Estados Unidos.