En las tierras áridas de Teuchitlán, Jalisco, el Rancho Izaguirre se convirtió en un símbolo del horror. Durante años, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo utilizó como campo de reclutamiento y adiestramiento, pero las autoridades federales niegan que fuera un crematorio clandestino.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, reveló en conferencia de prensa que, aunque se encontraron fogatas y zanjas con temperaturas de hasta 200°C, no hay evidencia de que alcanzaran los 800°C necesarios para incinerar cuerpos. Expertos de la UNAM respaldan estos hallazgos, descartando que el lugar fuera un “centro de exterminio”.
Sin embargo, la sombra de la complicidad persigue a las autoridades locales. Gertz Manero denunció que el gobierno de Jalisco sabía desde 2021 —según informes de la CEDH— que el CJNG operaba ahí, pero no actuó. Hoy, 13 personas, incluidos policías municipales de Tala, enfrentan procesos judiciales.
Mientras tanto, la FGR analiza prendas abandonadas y pequeños fragmentos óseos hallados en una vasija, en busca de ADN que ayude a identificar víctimas. Las familias de desaparecidos han sido convocadas para aportar muestras genéticas.
A siete kilómetros, otro foco de investigación: el Rancho De la Vega, también vinculado al CJNG. La justicia federal promete seguir hasta agotar todas las pistas, pero las dudas sobre la inacción previa de las instituciones locales siguen en el aire.