El gobierno de México, a través del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, anunció este miércoles la eliminación de la modificación del artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta decisión forma parte de un nuevo marco normativo ambicioso que busca garantizar el acceso efectivo a Internet a al menos 15 millones de mexicanos que actualmente permanecen desconectados. Durante la conferencia matutina, Peña Merino explicó que esta transformación legislativa responde a la urgente necesidad de cerrar las brechas de acceso en zonas marginadas, reducir el elevado costo del servicio y facilitar que operadores públicos y comunitarios ofrezcan conectividad con mayor equidad. “Aquí no hay censura, al contrario, no. (Esta es) una ley que promueve la conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes. Es una ley que claramente va en el sentido contrario entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda o malentendido, se elimina (la modificación)”, aseguró el funcionario. Las cifras presentadas por Peña Merino revelan la magnitud del desafío: al menos 10 millones de personas viven en áreas sin cobertura 4G, y otros 4.4 millones no pueden costear el servicio a pesar de tener señal. Esta desconexión afecta a cerca de 15 millones de habitantes en todo el país. El funcionario también detalló que, si bien se han logrado avances significativos en la instalación de infraestructura pública, aumentando de 13,000 a 141,000 las localidades conectadas entre 2018 y 2024, la cobertura sigue siendo limitada en zonas rurales. En localidades con menos de 200 habitantes, solo el 26% tiene acceso a Internet. Otro punto crítico abordado por la reforma es el alto costo de los datos móviles en México, que se sitúa como el más elevado entre países comparables, con 5.22 dólares por gigabyte, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En contraste, en Egipto el costo es de tan solo 0.52 dólares por GB. Peña Merino también anunció una reestructuración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), separando sus funciones. La regulación de telecomunicaciones permanecerá en el IFT, mientras que la competencia económica pasará a una nueva Comisión Antimonopolio dependiente de la Secretaría de Economía. “Se va a separar la autoridad de telecomunicaciones… y aparte el tema de competencia económica, que se iría a la nueva Comisión antimonopolio que estaría en la secretaría de Economía… de hecho, al contrario, separa las dos atribuciones: cobertura para el regulador de telecomunicaciones y competencia para la Comisión antimonopolio; que, además, esperamos por supuesto tenga un efecto en una caída de precio de servicios que no se ha observado en los años recientes”, concluyó el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.