El Duelo por la Tierra: Sheinbaum y “Alito” Moreno Libran Batalla Legal y Política
La mañanera de este día se transformó en el escenario de un duelo político de alto voltaje. La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las amenazas del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien prometió denunciarla nacional e internacionalmente por lo que calificó como “calumnias”. Pero la mandataria no se inmutó.
Con la precisión de un cirujano legal, Sheinbaum aclaró que sus declaraciones sobre los predios expropiados en Campeche se enmarcaron estrictamente en el contexto de utilidad pública. “Parece que las propiedades fueron adquiridas con recursos ilícitos”, había dicho previamente, matizando ahora que “en todo caso tiene derecho, como cualquier ciudadano, a defenderse en el momento de un acto de autoridad”. Sus palabras, medidas y técnicas, contrastaban con el tono encendido del líder priista.
El origen del conflicto se remonta al anuncio de la gobernadora Layda Sansores: la expropiación de tres predios vinculados a la familia Moreno en Campeche, destinados a la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Entre las propiedades afectadas figura un terreno perteneciente a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del senador, y otros dos vinculados a empresarios de su círculo político cercano.
La respuesta de “Alito” Moreno llegó por redes sociales, en un extenso mensaje donde acusó a Sheinbaum de usarle como distractor frente a la “complicidad” entre Morena y el crimen organizado. Sin embargo, los señalamientos sobre su patrimonio acumulan años de documentación. Desde 2022, autoridades campechanas han registrado una paradoja difícil de explicar: con un salario mensual de 120 mil pesos como exgobernador, Moreno amasó un imperio inmobiliario que incluye departamentos en Polanco, propiedades en el Country Club, bienes en el extranjero, un rancho en Champotón y una mansión en Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos.
Estas adquisiciones, señaladas por la Fiscalía de Campeche como presuntamente vinculadas a corrupción y lavado de dinero, han sido el fundamento para intentar retirarle el fuero. Mientras tanto, el decreto de expropiación se ampara en la nueva Ley de Expropiación de Campeche, que redujo a cinco días el plazo para alegatos y extendió a diez años el periodo para indemnizaciones, otorgando al Ejecutivo estatal la facultad de valuar los terrenos.