El Veto Presidencial: Sheinbaum Frena Reforma al Amparo por Riesgo de Inconstitucionalidad
En un movimiento que marca la tensión entre los poderes de la Unión, Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza frontalmente la reforma a la ley de amparo aprobada por el Senado. El motivo: la posible aplicación retroactiva de la ley que, según el gobierno federal, viola flagrantemente la Constitución.
Desde su posición como exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaldívar desgranó con precisión técnica el problema central: la redacción confusa del artículo transitorio que abre la puerta a que la nueva ley se aplique retroactivamente. “No estamos de acuerdo con la aplicación retroactiva de la reforma”, sentenció el funcionario, dejando claro que esta posición representa la línea oficial del Ejecutivo.
La explicación de Zaldívar reveló el meollo del conflicto constitucional. Lo que se pretende, según el exministro, es que la nueva ley de amparo aplique exclusivamente para nuevos procesos judiciales o para las etapas siguientes de aquellos que están en curso, pero nunca para procesos que ya cuentan con una resolución firme. Esta distinción técnica resulta crucial para preservar la seguridad jurídica y evitar que sentencias ya emitidas puedan ser revisadas bajo una legislación diferente a la vigente cuando se resolvieron.
El llamado al Congreso de la Unión fue directo y respetuoso pero firme: Zaldívar exhortó a los legisladores a modificar la redacción de la ley para hacerla “clara y contundente” y así acabar con las suposiciones que generan incertidumbre jurídica. “Que quede claro que no se aplicará para etapas anteriores, que ya no se tocan, sino a las etapas posteriores”, precisó el coordinador.
En su conclusión, Zaldívar reiteró un principio jurídico fundamental: los juicios que inicien después de la entrada en vigor de la reforma deberán regirse por la nueva legislación, mientras que aquellos en trámite conservarán el marco legal anterior para las etapas ya concluidas. Esta postura del Ejecutivo marca un precedente importante en la relación entre poderes y evidencia la voluntad de Sheinbaum de ejercer su facultad de veto cuando considere que una ley transgrede el marco constitucional.