Un paso constitucional contra el flagelo de la extorsión: México teje una estrategia nacional
En un movimiento legislativo que marca un antes y un después en la seguridad pública de México, la Cámara de Diputados cruzó este 7 de octubre el umbral constitucional necesario para declarar formalmente la Reforma en materia de Extorsión. No fue un trámite más en el recinto; fue la respuesta institucional a una estadística que grita: un promedio de casi 30 familias o negocios son víctimas de este delito cada día, una cifra que ha escalado un alarmante 57% en el último sexenio.
Desde la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán fue la encargada de dar la noticia que resonó más allá de los muros del Palacio Legislativo de San Lázaro. Con la voz firme que exige el momento histórico, informó que la Cámara baja había recibido el voto de confianza de 25 congresos locales, cumpliendo así a cabalidad con el requisito establecido en el artículo 135 de la Carta Magna. El camino para crear una Ley General contra la Extorsión en todo el territorio nacional estaba, por fin, allanado.
“Se emite la siguiente declaratoria: el Congreso de la Unión declara reformado el inciso A, de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”, declaró López Rabadán, sellando con palabras formales una decisión de peso monumental. Con esta declaratoria, el Congreso de la Unión se arma ahora con la facultad de homogeneizar criterios, cerrar vacíos legales y coordinar una ofensiva sin precedentes contra un crimen que siembra el miedo y paraliza la economía desde lo local.
El expediente, que ya viajó a manos del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lleva el respaldo de una geografía amplia y diversa del país. Desde Baja California hasta Yucatán, pasando por entidades como el Estado de México, Guerrero y Sinaloa, 25 legislaturas estatales alzaron la mano por una misma causa. Esta reforma no es solo un texto legal; es un pacto federal contra la impunidad. Es la promesa de una estrategia unificada para prevenir, sancionar y erradicar uno de los delitos que más ha crecido en la sombra, y al que ahora México le declara la guerra con toda la fuerza de la ley.